SANTIAGO DE CHILE, CHILE.-El policía señalado de disparar a quemarropa y matar a un joven malabarista en una ciudad del sur de
Chile tendrá que permanecer bajo detención el fin de semana mientras se avanza en la investigación del caso, dictaminó un juez de garantía el sábado. El hecho generó repudio y la quema de varios edificios públicos.
El juez del Juzgado de Garantía de Panguipulli resolvió conceder dos días más de detención para que la fiscalía pueda recabar pruebas. El lunes, según indicó, se presentarán formalmente los cargos contra el detenido.
El poder judicial preservó la identidad del policía, según dijo, para salvaguardar su seguridad luego que en la noche del viernes fueran incendiados los principales edificios públicos de Panguipulli, en la Región de Los Ríos y a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde se registró el incidente. Los protestantes parecieron canalizar así su rabia por lo que apuntaría a un nuevo caso de brutalidad policial.
El balance preliminar hasta el momento era de diez edificios quemados, según medios locales. También se produjeron hechos de violencia y barricadas en el centro de Santiago.
Los hechos se produjeron el viernes en el centro de la pequeña localidad, de 32,000 habitantes, cuando dos policías realizaban un control de identidad, que obliga a todos los ciudadanos a mostrar sus documentos por ley. Al momento del control el joven malabarista, identificado por la fiscalía como Francisco Martínez Romero, de 27 años, portaba unos machetes con los que realizaba su arte callejero para ganarse la vida en una intersección de tráfico, según se ve en vídeos difundidos por la televisión chilena.
El juez del Juzgado de Garantía de Panguipulli resolvió conceder dos días más de detención para que la fiscalía pueda recabar pruebas. El lunes, según indicó, se presentarán formalmente los cargos contra el detenido.
El poder judicial preservó la identidad del policía, según dijo, para salvaguardar su seguridad luego que en la noche del viernes fueran incendiados los principales edificios públicos de Panguipulli, en la Región de Los Ríos y a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde se registró el incidente. Los protestantes parecieron canalizar así su rabia por lo que apuntaría a un nuevo caso de brutalidad policial.
El balance preliminar hasta el momento era de diez edificios quemados, según medios locales. También se produjeron hechos de violencia y barricadas en el centro de Santiago.
Los hechos se produjeron el viernes en el centro de la pequeña localidad, de 32,000 habitantes, cuando dos policías realizaban un control de identidad, que obliga a todos los ciudadanos a mostrar sus documentos por ley. Al momento del control el joven malabarista, identificado por la fiscalía como Francisco Martínez Romero, de 27 años, portaba unos machetes con los que realizaba su arte callejero para ganarse la vida en una intersección de tráfico, según se ve en vídeos difundidos por la televisión chilena.
LEA: Un poblado indígena de México rechaza vacunarse contra el covid-19
El joven se negó a ser controlado y los dos policías lo amenazaron con armas y comenzaron disparando al suelo. Sin embargo, un vídeo compartido en redes sociales muestra cómo uno de los policías continuó disparando al joven hasta que este cae, muerto, en la calzada. El malabarista recibió al menos cinco disparos, según información de la Policía de Investigaciones.
El joven persistió en abalanzarse contra la policía, por lo que “en resguardo de su propia integridad y de sus propias vidas, decidieron y debieron hacer uso de las armas de fuego en el contexto de legítima defensa propia”, argumentó el coronel de Carabineros Boris Alegria Michellod.
El vídeo causó indignación en redes sociales y desató críticas de políticos y actores sociales por el uso de las armas por parte de la policía en plena luz del día y ante decenas de testigos.
El caso pareció ahondar una crisis profunda de la policía chilena que data desde las documentadas violaciones a los derechos humanos ocurridas por este organismo del Estado desde el estallido social que inició en octubre del 2019 y que dejó un saldo de más de 450 personas con trauma ocular, más de 31 muertos y 4,000 denuncias por violaciones de derechos humanos de todo tipo y por el que no ha habido apenas condenas.
