Al concluir la ceremonia de instalación, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, había presentado la primera iniciativa y con dispensa de trámite pidió iniciar el proceso para destituir a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
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Sesenta y cuatro de los 84 diputados avalaron a mano alzada la petición de la diputada del partido Nuevas Ideas, mientras que 19 expresaron su rechazo.
“Esto es un atropello a la República y a la democracia. Como Arena (Alianza Republicana Nacionalista) votamos en contra de este atropello a nuestra Constitución”, señaló en su cuenta oficial de Twitter el partido conservador.
“Evidenciando totalmente su búsqueda del poder total, su primera moción en la Asamblea Legislativa destituir a la Sala de la Constitucional de la CSJ, anulando la separación de poderes y sepultando a El Salvador como República”, dijo por su parte el presidente de Arena, Erick Salguero.
La incitativa del partido Nuevas Ideas pretende justificar la petición de destitución por las múltiples sentencias antipopulares. La Sala de lo Constitucional jugó un papel clave en el bloqueo de algunos de los movimientos más agresivos de Bukele durante la pandemia.
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Sostienen que “los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población; los pusieron en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas”.
Por su parte el presidente Bukele defendió la decisión de los diputados y dijo que “la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la Asamblea Legislativa, es una facultad INCONTOVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de las Constitución de la República”.
Según la Constitución, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá de tomarse con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados electos.
“Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID”, tuiteó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, tras la resolución. “Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria”.
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Al concluir la votación, Bukele celebró la decisión de los diputados.
“Y el pueblo salvadoreño a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!”, subrayó el mandatario por Twitter.
