Los dos salvadoreños identificados como el exalcalde del municipio de La Unión, Ezequiel Milla, y el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Guillermo Wellman, figuran con otros 12 nacionales en la Lista Engel, con la que Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.
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El exalcalde Milla y el magistrado Wellman están vinculados a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), uno de los partidos políticos más influyentes en El Salvador en los últimos 30 años.
De acuerdo con la lista, Milla “incurrió en corrupción significativa al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la república Popular China a cambio de un beneficio personal”, mientras que Wellman “socavó los procesos o las instituciones democráticas al provocar retrasos graves e innecesarios en los preparativos de las elecciones (del 28 de febrero) y en la tabulación de los resultados para su beneficio personal y permitir la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas”.
Al referirse a estos casos en específico, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo a los periodistas que el tema central “es el combate a la corrupción, (y) en este caso las dos personas recibieron fondos de una forma ilícita abusando de su poder, de su cargo público”. Manes sostuvo que cualquier país puede tener relaciones con otros países, “ese no es el punto, el punto es si alguien está recibiendo fondos de una manera de soborno o de otra manera abusando de su cargo público, recibiendo dinero de forma ilícita”.
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La funcionaria estadounidense reconoció su temor de las posibles intenciones de China en la región. Dijo que en los dos últimos años trabajando en el Comando Sur, donde tenía la responsabilidad para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe “vimos una cantidad de países donde había acciones de China que realmente están haciendo atrás de las puertas, sin transparencia y realmente no para beneficiar a los ciudadanos de un país y en algunos casos los países perdieron la soberanía del país'.
Los dos funcionarios habrían hecho negocios con el empresario chino Bo Yang según las denuncias.
Cuando Milla era alcalde de La Unión, un importante municipio ubicado 207 kilómetros al este de la capital, tuvo una importante participación para que Bo Yang concretara la compra de la Isla Perico, ubicada en el Golfo de Fonseca que comparten Honduras, Nicaragua y El Salvador. El tema de la venta de la Isla se prolongó por varios meses, interviniendo el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, que formó una comisión especial para investigar si se estaba violentado la soberanía nacional. Algunos decían que China quería instalar una base militar en la Isla.
Después de prolongados debates, y supuestamente por los movimientos que habría hecho el entonces alcalde de Arena, la Asamblea Legislativa cerró la investigación por considerar que no había indicio de venta y el entonces Fiscal General de la República, Raúl Melara, destituido de su cargo el 1 de mayo, dijo que “no vemos ningún inconveniente en la venta de Isla Perico”. La compra se concretó en noviembre de 2019.
Al magistrado Wellman lo acusan otorgar licitaciones a una empresa china propiedad de Bo Yang vinculada a su despacho jurídico.
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Según las denuncias, Wellman presionó al resto de magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que la empresa Gold Will se beneficiara con cuantiosos contratos para proveer cajas plásticas para los paquetes electorales, equipos de consulta, vehículos automotores y equipo e instalación para el centro de procesamientos de resultados de las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero de 2021.
Wellman reconoció que su despacho jurídico tiene como cliente a Bo Yang, pero argumentó que las contrataciones se hicieron de acuerdo con la ley, con la aprobación de los cinco magistrados del tribunal electoral.
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