Unas instalaciones especialmente afectadas en el área de Grand Junction, Colorado, están en el centro de una investigación federal, pues los agentes encontraron que muchos trabajadores no estaban inoculados.
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El caso ha generado preocupación entre los médicos de salud pública de que el éxito en la protección mediante vacunas de los ancianos —la población más vulnerable— podría estar en peligro a medida que la variante delta, que es más agresiva, se propaga por todo el país.
A nivel nacional, alrededor del 59% del personal de los hogares de ancianos ha sido vacunado, alrededor del mismo porcentaje que la proporción general de adultos completamente inoculados, pero significativamente más bajo que el aproximadamente 80% de los residentes que están vacunados, según el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los ancianos, Medicare. Y algunos estados tienen tasas de vacunación mucho más bajas, alrededor del 40%.
Algunos expertos en políticas de salud están exhortando a los gobiernos a cerrar la brecha, exigiendo que todo el personal de las casas de adultos mayores sea vacunado, una orden que el gobierno del presidente Joe Biden se ha mostrado reacio a emitir.
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Los operadores de hogares de ancianos temen que una medida obligatoria sea contraproducente, al provocar que muchos empleados reacios a vacunarse simplemente renuncien a sus trabajos.
Se ha comprobado que la gran mayoría de las personas completamente vacunadas que se infectan con la variante delta sólo sufren síntomas leves.
Sin embargo, “es posible que los adultos mayores no respondan completamente a la vacuna y existe un riesgo enorme de que alguien contraiga el virus”, dijo el doctor Joshua Sharfstein, vicedecano de práctica de salud pública de la Facultad Bloomberg de Salud Pública de la universidad Johns Hopkins.
“La vacunación de los trabajadores en los hogares de ancianos es una emergencia nacional porque la variante delta es una amenaza incluso para los que ya están vacunados”, afirmó.
