LIMA, PERÚ.- La propuesta de la flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, de adelantar las elecciones generales a abril de 2024 para aplacar las protestas que exigen su renuncia deberá recorrer un largo camino legal que puede tardar hasta 16 meses y atizar las manifestaciones, advirtieron analistas.
Recortar mandatos populares, como el presidencial y legislativo, requiere la aprobación de una reforma constitucional e incluso de un referéndum, según las leyes peruanas.
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Una tarea que se anuncia difícil para el frágil gobierno de Boluarte, que asumió el poder el miércoles pasado tras el autogolpe fallido, la destitución y la detención del expresidente Pedro Castillo, y que carece de bancada parlamentaria.
“Ella no puede convocar a elecciones inmediatas porque de acuerdo a la Constitución, tienen que realizarse (cada cinco años) en 2026”, dijo el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez.
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“La reforma constitucional es obligatoria porque la regla es respetar los plazos del mandato de cinco años que señala la Constitución para el presidente y el Congreso”, indicó el jurista Roberto Pereira.
Los obstáculos sin embargo se pueden reducir en el tiempo, y existen precedentes recientes.
“Por esa razón (Dina Boluarte) planteó elecciones en abril de 2024, para poder hacer las reformas”, acota el constitucionalista Alvarez.
La Constitución establece dos caminos: aprobar reformas con la mitad más uno del voto de los 130 congresistas más un referéndum, o el voto de dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias, sin necesidad de un plebiscito.
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Todo depende en esta coyuntura de la voluntad política del Congreso, dominado por la derecha y reacia a recortar su mandato que vence en julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.
“Es muy dificil realizar las elecciones si se dan los plazos como están en la ley, poder hacer una elección antes de unos ocho meses”, señaló Eduardo Dargent, politólogo y profesor en la Pontificia Universidad Católica.
Boluarte tiene un camino alternativo si la presión social aumenta y las protestas no cesan: renunciar a su cargo para dar paso a la presidencia al jefe del Congreso, quien debe convocar a elecciones en un plazo mínimo de seis meses.
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“No me sorprendería que la realidad la obligue a recortar aún más su mandato o a dejar la presidencia y que sea el Congreso el que acorte los plazos”, dice Dargent.
Cuando el Congreso destituyó a Alberto Fujimori en el año 2000 “la única solución fue aprobar una reforma constitucional que estableció una disposición transitoria válida solo para ese caso”, según Alvarez.
