El gobierno catalán de Artur Mas, que intentó por todos los medios mantener su prometida consulta independentista el 9 de noviembre, renunció finalmente a ella este lunes, frente a la oposición de Madrid y a su impugnación ante la justicia por considerla anticonstitucional.
Los obstáculos no dejaban de acumularse para el ejecutivo catalán desde que el 29 de septiembre el Tribunal Constitucional aceptó dos recursos presentados por el gobierno español de Mariano Rajoy contra la convocatoria de dicho referéndum.
Inmediatamente, toda acción de preparación del plebiscito había quedado temporalmente prohibida hasta que el alto tribunal decidiera sobre su eventual inconstitucionalidad.
Desde entonces, la coalición nacionalista CiU de Mas, atenazada entre su promesa de respetar la legalidad y la presión de los otros tres partidos catalanes proconsulta, se esforzó por mantener viva la convocatoria sorteando los numerosos obstáculos logísticos que amenazaban su viabilidad.
Pero, a menos de un mes de la consulta, ya se habían agotado muchos de los plazos para realizar un escritinio con garantías como la publicación del censo de participantes, el anuncio de los sitios de votación o la designación de las personas que deberían trabajar en los colegios electorales.
Además, resultaba complicado culminar estos pasos previos sin comprometer a los funcionarios catalanes, que se arriesgaban a una inhabilitación por cooperar en la organización de un referéndum prohibido cautelarmente.
'La consulta no se puede hacer'
Ante esta situación, el presidente catalán volvió a reunir este lunes a las cuatro formaciones que apoyaban el referéndum -CiU, ERC, ICV y CUP- en un cónclave a puerta cerrada en Barcelona, al que no se convocó a los medios.
Tras más de seis horas de reunión, el líder del partido de izquierda ecologista ICV Joan Herrera, con semblante circunspecto, fue el primero en anunciar la renuncia.
'El gobierno ha constatado que la consulta no se puede hacer', declaró Herrera.
El ejecutivo de Mas 'hará una propuesta mañana' alternativa al referéndum, agregó Herrera, sin pronunciarse sobre el plan planteado por el gobierno catalán.
Este podría ser la organización de un sucedáneo de consulta definido vagamente con el nombre 'proceso participativo', según un comunicado de la izquierda independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que apostó por la declaración unilateral de independencia.
'Advertimos de que sólo hay un camino: un parlamento (regional, ndlr) que haga una declaración de independencia inmediata y la apertura de un proceso constituyente', dijeron en el comunicado.
Segunda fuerza parlamentaria de la región y primera en las últimas elecciones europeas en mayo, ERC se había convertido en un aliado incómodo para Mas por su apuesta por la desobediencia civil.
El presidente catalán había advertido anteriormente de que convocaría elecciones anticipadas si la consulta no era posible, una opción que pareció descartar en las últimas semanas dada la imposibilidad de convencer a sus aliados de ERC de formar una lista única a favor de la independencia.
A diferencia del gobierno británico, que el 18 de septiembre permitió votar a los escoceses en un referéndum en que ganó el 'no', el ejecutivo español de Mariano Rajoy se opone férreamente a la consulta catalana, aunque no sea vinculante, por considerar que vulnera la soberanía nacional, y recurrió su convocatoria ante el Tribunal Constitucional.
Una situación similar desencadenó el auge independentista que ha vivido Cataluña en los últimos años a la sombra de la crisis económica. En 2010, el mismo tribunal, tras un recurso del Partido Popular de Rajoy, impugnó parcialmente un estatuto de autonomía aprobado en referéndum por los catalanes y les privó del estatus de 'nación'.
Criticado desde la oposición socialista por su inmovilismo, Rajoy acentuó en los últimos días los mensajes de acercamiento hacia esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
El domingo, aprovechando la fiesta nacional del 12 de octubre, publicó un artículo en catalán donde renovaba su oferta de diálogo dentro del marco legal y evocaba el 'sentimiento de raíces tan profundas' que une Cataluña y España.
