BUCARAMANGA, COLOMBIA.- La Fiscalía de Colombia informó el viernes que no llamará a juicio al poderoso expresidente
Álvaro Uribe Vélez por el proceso penal en su contra por supuestamente manipular testigos y por el que estuvo detenido dos meses en 2020.
En un nuevo giro a un caso que ha desatado tensiones constantes sobre el conflicto armado interno de cinco décadas que vivió el país sudamericano, la Fiscalía señaló en un comunicado que solicitó al juez la terminación anticipada del proceso penal que se abrió contra Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, al considerar que no encontraron pruebas de que haya cometido esos delitos.
LEA: Niño ambientalista de 11 años es amenazado a muerte en Colombia
La decisión del fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, es una victoria para Uribe, una figura que mantiene una importante influencia en la escena política de Colombia y que se ha opuesto al acuerdo de paz que el gobierno alcanzó en 2016 con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Gracias a Dios por este paso positivo”, escribió en su cuenta de Twitter Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía no dio más detalles, pero aseguró que las dará ante un juez en una audiencia programada de la que aún no se conoce la fecha. Dicha justificación de la preclusión, como legalmente se le conoce a la terminación del proceso, puede ser apelada por las víctimas del caso.
También: Por besarse en una audiencia, fiscal y juez enfrentan cargos en Colombia
El senador izquierdista Iván Cepeda, víctima en el proceso, anunció que presentará una denuncia penal contra el fiscal Jaimes, por presuntamente haber incurrido en el delito de prevaricato por acción y omisión.
Cepeda señaló en un comunicado que el fiscal favorece “los intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe”.
Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia, dijo a The Associated Press que el juez puede confirmar o negar la terminación del caso, y en ambas situaciones cualquiera de las partes puede apelar.
Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, celebró la decisión de la Fiscalía. 'Vemos que se está abriendo camino la verdad y la justicia”, dijo en Blu Radio.
El proceso contra Uribe comenzó en 2012 cuando interpuso una demanda contra Iván Cepeda acusándolo de conseguir testimonios de paramilitares de forma irregular para vincularlo con grupos ilegales.
Pero el proceso dio un giro en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia cerró esa investigación y decidió abrir un proceso formal contra Uribe al tener indicios de que sería él quien habría intentado manipular testigos en contra de Cepeda.
El principal testigo contra Uribe es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda que fue de propiedad de la familia Uribe, quien aseguró desde la cárcel que allí se creó un grupo paramilitar. Monsalve le dijo a la Corte Suprema que un abogado de Uribe llamado Diego Cadena intentó presionarlo para que cambiara su testimonio contra el expresidente.
Le puede interesar: Uribe, el poderoso expresidente de Colombia cara a cara con la justicia
La defensa de Uribe negó las acusaciones y explicó que fue Monsalve quien los buscó para retractarse y que en cambio él era manipulado por el senador Cepeda.
La investigación avanzó y el 4 de agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe por los delitos de “soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
El expresidente estuvo 67 días en su hacienda ubicada al noroeste del país, hasta que la justicia determinó que podía seguir en libertad su proceso.
