Managua, Nicaragua
El Congreso de Nicaragua, de mayoría oficialista, rechazó el jueves las sanciones financieras que un grupo de legisladores estadounidenses impulsa para bloquear los préstamos que el país centroamericano solicite en organismos multilaterales, si no restablece la democracia.
La denominada ley Nica Act 2017, presentada el miércoles por un grupo de congresistas de Estados Unidos ante la Cámara de Representantes, ' apunta a desestabilizar económicamente nuestro país', condenó el Legislativo, en una declaración leída por su titular, Gustavo Porras.
El gobierno del presidente Daniel Ortega descalificó el miércoles el proyecto como una ' intromisión destructiva' en los asunto internos del país.
La Nica Act 'es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país', repudió el gobierno en un comunicado.
La medida estadounidense afectaría los créditos que Nicaragua solicite al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que aportan alrededor de 250 millones de dólares al año al país.
La posición del gobierno también fue respaldada por el presidente del gremio empresarial, José Aguerri, quien consideró que 'cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada'.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió en un comunicado a los congresistas estadounidenses que reconsideren la iniciativa, porque ' no constituye un aporte constructivo' al proceso de fortalecimiento del sistema democrático que la OEA acordó desarrollar con Nicaragua en los próximos tres años.
La Nica Act fue impulsada a raíz de los cuestionamientos surgidos a mediados del año pasado por la expulsión del congreso de 28 diputados opositores y la exclusión de la principal alianza opositora de las elecciones del pasado 6 de noviembre, en las que Ortega obtuvo cómodamente su tercer mandato sucesivo.
Nicaragua ha logrado mantener en los últimos 10 años un crecimiento económico de entre un 4 y 5% y reducir la pobreza de un 42 a un 30% entre 2009 y 2014.
El Congreso de Nicaragua, de mayoría oficialista, rechazó el jueves las sanciones financieras que un grupo de legisladores estadounidenses impulsa para bloquear los préstamos que el país centroamericano solicite en organismos multilaterales, si no restablece la democracia.
La denominada ley Nica Act 2017, presentada el miércoles por un grupo de congresistas de Estados Unidos ante la Cámara de Representantes, ' apunta a desestabilizar económicamente nuestro país', condenó el Legislativo, en una declaración leída por su titular, Gustavo Porras.
El gobierno del presidente Daniel Ortega descalificó el miércoles el proyecto como una ' intromisión destructiva' en los asunto internos del país.
La Nica Act 'es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país', repudió el gobierno en un comunicado.
La medida estadounidense afectaría los créditos que Nicaragua solicite al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que aportan alrededor de 250 millones de dólares al año al país.
La posición del gobierno también fue respaldada por el presidente del gremio empresarial, José Aguerri, quien consideró que 'cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada'.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió en un comunicado a los congresistas estadounidenses que reconsideren la iniciativa, porque ' no constituye un aporte constructivo' al proceso de fortalecimiento del sistema democrático que la OEA acordó desarrollar con Nicaragua en los próximos tres años.
La Nica Act fue impulsada a raíz de los cuestionamientos surgidos a mediados del año pasado por la expulsión del congreso de 28 diputados opositores y la exclusión de la principal alianza opositora de las elecciones del pasado 6 de noviembre, en las que Ortega obtuvo cómodamente su tercer mandato sucesivo.
Nicaragua ha logrado mantener en los últimos 10 años un crecimiento económico de entre un 4 y 5% y reducir la pobreza de un 42 a un 30% entre 2009 y 2014.
