La resolución que pedía la destitución de Castillero fue aprobada por el pleno del Congreso con 65 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
La decisión fue tomada tras la elaboración de un informe por parte de una comisión parlamentaria, donde varios funcionarios acusaron a Alfredo Castillero de presunto acoso sexual y laboral y de negligencia en el cargo de sus funciones.
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'Nosotros consideramos con lo que nosotros vimos y escuchamos, y tenemos la información, que el señor defensor del pueblo no tiene visos ni autoridad moral y no puede seguir ejerciendo el cargo', señaló la diputada y miembro de la comisión, Corina Cano.
'Realmente han ocurrido situaciones que afectan a los derechos humanos', indicó Cano, del oficialista Partido Movimiento Liberal Republicano Nacional (Molinera).
Castillero había sido elegido el 30 de marzo de 2016 para un período de 5 años, durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela.
'Mi trato con los funcionarios de la defensoría del pueblo y las personas que acuden a esta entidad ha sido con respeto', refutó Castillero ante el pleno del Congreso, el Órgano encargado de nombrar y destituir al Ombudsman en Panamá.
Con la voz quebrada, Castillero manifestó que no ha conocido el expediente y que, por tanto, se ha violado su derecho a la defensa.
'Mi nombre quedó para siempre manchado', lamentó.
Sin embargo, la resolución parlamentaria aduce que las respuestas dadas por Castillero ante el Congreso 'no permitieron aclarar los hechos' que motivaron las denuncias y acusa al Ombudsman de incurrir en 'negligencia notoria' en el cargo de sus funciones.
Varias organizaciones aglutinadas en la Red de Derechos Humanos de Panamá habían calificado la actuación del Congreso panameño, de mayoría oficialista, como un 'ataque politiquero' para colocar al frente de la Defensoría a alguien afín al gobierno actual de Laurentino Cortizo.
Sin embargo, este grupo de organizaciones también consideró 'vital' saber la verdad por las 'graves acusaciones'.
Carlos Negret, presidente de la Asamblea Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, había pedido al congreso panameño 'respetar las debidas garantías' para la defensa y tratar 'de manera independiente' y 'sin presiones de ningún tipo' este caso.
Desde que se creó la institución en 1997, solo dos defensores del pueblo lograron terminar su mandato.
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