Casi una docena de estados presentaron este jueves una demanda ante una corte federal estadounidense contra la política del presidente Donald Trump de separar a familias indocumentadas en la frontera.
Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington (noroeste), introdujo el recurso al que se adhirieron Massachusetts, California, Illinois, Maryland, Oregon, Nuevo México, Pensilvania, Iowa, Nueva Jersey y Minnesota.
'Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional y vamos a ponerle un parado', dijo Ferguson en un comunicado.
Trump firmó el miércoles un decreto para revertir su postura de 'tolerancia cero' que generó desprecio nacional e internacional, y que había propiciado que más de 2,300 niños hayan sido separados de sus padres migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica.
Pero hasta el momento no ha quedado claro cómo se aplicará esa decisión y cuándo se permitirá la reunificación de las familias ahora separadas.
La demanda alega que el gobierno federal viola el debido proceso establecido en la Constitución y exhorta a corregir las 'fallas' de la orden ejecutiva del miércoles, que 'no hace nada para reunificar a las familias ya desgarradas por la política'.
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Exigió además a 'detener inmediatamente la práctica de negarse a aceptar solicitudes de asilo'.
'Los estados pedirán al presidente que cumpla con la ley y la Constitución'.
Según la oficina de Ferguson, 200 inmigrantes están en cárceles de Washington, 174 de ellos mujeres.
'Y más de un tercio de esas mujeres son madres obligadas a separarse de sus hijos, que van de niños de un año a adolescentes', señaló el texto. 'La mayoría no ha hablado con sus niños en semanas y el gobierno federal no ha ofrecido a las madres ninguna información sobre el paradero de sus hijos'.
El presidente Trump -que llegó al poder con un severo discurso anti-inmigrantes- ha sido demandando en la justicia por otras polémicas decisiones, como eliminar el programa DACA, que protege de la deportación a indocumentados llegados al país de niños, y el decreto que prohibía la entrada de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
Las ciudades santuarios, que no cooperan con las autoridades federales en la captura de indocumentados, también han sido blanco de batallas judiciales.
