Los cuatro jueces liberales de la corte disintieron, y dijeron que ellos habrían prohibido la construcción mientras se dirime una impugnación judicial, después que una corte federal de apelaciones falló en junio que el gobierno había evadido ilegalmente al Congreso al hacer la transferencia de fondos del Departamento de Defensa.
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“Sin embargo, la decisión de la Corte de permitir que la construcción continúe, me temo, puede operar, en la práctica, como un juicio final”, escribió el juez Stephen Breyer en un breve disenso para los cuatro liberales.
La orden del viernes significa que no es probable que el máximo tribunal siquiera considere el fondo del asunto hasta después de las elecciones de noviembre, mientras el trabajo en el muro continúa.
El verano pasado, durante una etapa previa del caso, los ministros también tuvieron una postura dividida de 5-4 para permitir al gobierno comenzar las obras utilizando 2.500 millones de dólares de dinero del Departamento de Defensa.
Eso permitió a Trump avanzar en su importante promesa de campaña de 2016 con vistas a su búsqueda de un segundo mandato. El gobierno quería utilizar los recursos para reemplazar un total de 208 kilómetros (129 millas) de valla deteriorada o anticuada en Nuevo México, Arizona y California. Hasta mediados de julio se habían completado 148 kilómetros (92 millas), según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingles).
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Después del más reciente fallo de una corte de apelaciones, quienes impugnaron judicialmente el muro regresaron al alto tribunal para solicitar la suspensión de las obras.
El gobierno de Trump se opuso a la petición y dijo que en agosto presentaría documentos para solicitar a la Corte Suprema que escuchara argumentos en el caso.
El caso tiene su origen en el cierre parcial del gobierno durante 35 días que comenzó en diciembre de 2018. Trump puso fin al cierre después de que el Congreso le otorgara aproximadamente 1.400 millones de dólares en financiación para el muro, pero la cantidad fue mucho menor a los 5.700 millones que pretendía. Trump declaró después una emergencia nacional para echar mano de los recursos de otras cuentas del gobierno y canalizarlas a la construcción de secciones del muro.
En esa fecha, el dinero que Trump identificó incluyó 2.500 millones de dólares de recursos del Departamento de Defensa, 3,600 millones de fondos para construcciones militares y 600 millones del fondo de decomiso de activos del Departamento del Tesoro.
El caso ante la Corte Suprema implicó únicamente los 2.500 millones de dólares en recursos del Departamento de Defensa. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que demandó al gobierno de Trump a nombre de Sierra Club y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur, ha dicho que buscará derribar secciones del muro construidas con ese dinero.
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“Todos los tribunales inferiores que han considerado el asunto han fallado que el muro fronterizo del presidente Trump es ilegal, y la orden temporal de la Corte Suprema no decide el caso. Volveremos pronto ante la Corte Suprema para poner un alto al xenofóbico muro fronterizo de Trump de una vez por todas”, afirmó Dror Ladin, abogado en el Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, en un comunicado después del fallo del viernes de la corte.
La Corte Suprema está de receso de verano pero actúa en ciertos puntos urgentes. Volverá a escuchar casos en octubre.
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