San Salvador, El Salvador
Al menos ocho familias abandonaron sus casas desde la noche del jueves en una zona rural al oeste de El Salvador después de recibir amenazas de muerte d e supuestos pandilleros.
Los habitantes del humilde cantón El Castaño en el municipio de Caluco —departamento de Sonsonate a 75 kilómetros al suroeste de la capital— denunciaron las amenazas y el abandono de sus viviendas, en lo que sería el segundo caso reportado por la Policía Nacional Civil en las últimas semanas.
El director general de la Policía, comisionado Howard Cotto, informó que de inmediato enviaron a la zona a las fuerzas de seguridad para averiguar de dónde vienen las amenazas y proteger a las personas, aunque afirmó que esas familias 'están relacionadas con las pandillas'.
'Hemos encontrado que la gente que sale tiene una amenaza real de grupos de pandillas, pero cuando uno hace un análisis más profundo, nos damos cuenta que un miembro de su familia o la familia en su conjunto tiene relación con un grupo criminal de este tipo', dijo Cotto a los periodistas después de participar en un programa de entrevista con la televisión local.
'Nunca nadie va a decir que huye porque su hijo es miembro de las pandillas, aunque cuando investigamos y analizamos la situación es así', señaló.
Agregó que esas personas tienen que salir de sus casas por amenazas de pandillas rivales.
Recientemente, unas 40 familias de la zona rural del municipio de Panchimalco, en la periferia sur de la capital, también dejaron sus viviendas por supuestas amenazas der las pandillas, que según las autoridades han emigrado a las zonas rurales luego que fuerzas élites de la policía y del ejército han comenzado a perseguirlos.
En El Salvador —considerado uno de los países más violentos del mundo— las pandillas establecidas en populosos barrios están integradas por más de 70,000 jóvenes y adolescentes. Más de 13,000 están presos y sus cabecillas han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde están completamente incomunicados con el exterior.
Las autoridades de Seguridad Pública han dicho que los grupos están involucrados con el narcotráfico y el crimen organizado; extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.
Al menos ocho familias abandonaron sus casas desde la noche del jueves en una zona rural al oeste de El Salvador después de recibir amenazas de muerte d e supuestos pandilleros.
Los habitantes del humilde cantón El Castaño en el municipio de Caluco —departamento de Sonsonate a 75 kilómetros al suroeste de la capital— denunciaron las amenazas y el abandono de sus viviendas, en lo que sería el segundo caso reportado por la Policía Nacional Civil en las últimas semanas.
El director general de la Policía, comisionado Howard Cotto, informó que de inmediato enviaron a la zona a las fuerzas de seguridad para averiguar de dónde vienen las amenazas y proteger a las personas, aunque afirmó que esas familias 'están relacionadas con las pandillas'.
'Hemos encontrado que la gente que sale tiene una amenaza real de grupos de pandillas, pero cuando uno hace un análisis más profundo, nos damos cuenta que un miembro de su familia o la familia en su conjunto tiene relación con un grupo criminal de este tipo', dijo Cotto a los periodistas después de participar en un programa de entrevista con la televisión local.
'Nunca nadie va a decir que huye porque su hijo es miembro de las pandillas, aunque cuando investigamos y analizamos la situación es así', señaló.
Agregó que esas personas tienen que salir de sus casas por amenazas de pandillas rivales.
Recientemente, unas 40 familias de la zona rural del municipio de Panchimalco, en la periferia sur de la capital, también dejaron sus viviendas por supuestas amenazas der las pandillas, que según las autoridades han emigrado a las zonas rurales luego que fuerzas élites de la policía y del ejército han comenzado a perseguirlos.
En El Salvador —considerado uno de los países más violentos del mundo— las pandillas establecidas en populosos barrios están integradas por más de 70,000 jóvenes y adolescentes. Más de 13,000 están presos y sus cabecillas han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde están completamente incomunicados con el exterior.
Las autoridades de Seguridad Pública han dicho que los grupos están involucrados con el narcotráfico y el crimen organizado; extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.
