MANAGUA, NICARAGUA.-El empresario nicaragüense Piero Coen Ubilla, dijo que la policía y la Procuraduría General de la República (PGR) confiscaron el viernes propiedades suyas y de su esposa sin conocer sobre ningún proceso judicial en su contra.
La policía nacional y la PGR no han emitido comunicación al respecto y los medios oficiales del gobierno del presidente Daniel Ortega tampoco se refirieron al incidente.
En un comunicado en redes sociales, Coen indicó que oficiales de la policía y la PGR “se presentaron a diferentes propiedades que poseo a título personal que están inscritas en la República de Nicaragua bajo mi nombre como Piero Coen Ubilla y el de mi esposa, Jaffa Coen, para tomar posesión de estas, asegurando que ahora pertenecen al Estado de Nicaragua”.
Medios opositores en el exilio señalaron que es una revancha política del gobierno contra el presidente del Grupo Coen, que tiene la representación para Centroamérica y México de Western Union, por donde se transfieren gran parte de las remesas familiares de miles de personas desde Estados Unidos y otros países a la región.
“Quiero informar que no he sido parte de ningún proceso legal ni he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República que motive esta confiscación”, sostuvo Coen.
“Les puedo asegurar que no existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos, alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense”, indicó en el comunicado, en el que aseguró que “a pesar de la confiscación, seguiré operando nuestros negocios con la misma capacidad, responsabilidad, fortaleza y dignidad con que lo he hecho siempre”.
Según el diario opositor La Prensa, el gobierno de Ortega ordenó la confiscación al empresario por una causa judicial en un tribunal de Managua que está activa desde marzo, pero sin que se mencionen los cargos o acusaciones y con el Estado de Nicaragua como víctima.
Medios opositores señalaron que Coen apoyó a jóvenes en el inicio de las protestas del 2018. Estas se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras organismos internacionales acusaron al gobierno de reprimir a la oposición.
Tras las protestas de 2018, Nicaragua endureció sus leyes y controles sobre opositores contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
Organismos internacionales han denunciado las medidas contra los opositores, entre las que se encuentran expatriaciones, despojar de su nacionalidad a dirigentes, impedir el ingreso de críticos y proscribir a más de 3.000 organizaciones privadas y religiosas.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
