MANAGUA, NICARAGUA. -La cúpula empresarial de Nicaragua anunció este lunes que solicitó permiso a la policía para marchar el jueves, un desafío a prohibición de realizar manifestaciones en el contexto de las protestas opositoras, cuya represión deja más de 320 muertos según organismos de derechos humanos.
La solicitud es para realizar una marcha 'cívica' y 'pacífica' conforme el derecho constitucional a la movilización, según un comunicado de los gremios, entre ellos el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
El comunicado no precisó el mensaje que tendría la marcha, pero en diciembre pasado los empresarios convocaron a una manifestación para instar al gobierno a retomar un diálogo con la oposición para encontrar una salida a la crisis política que mantiene en vilo al país desde abril pasado.
Los empresarios demandaron a la policía que brinde protección a la manifestación a fin de garantizar la seguridad de las personas que participen, agregó el comunicado.
La patronal, que mantenía una alianza con el gobierno desde 2007, se distanció del presidente Daniel Ortega tras el estallido de las protestas el 18 de abril, y ha llamado a dos marchas ciudadanas y dos huelgas empresariales que han paralizado gran parte de las actividades en el país.
En septiembre, la policía declaró 'ilegales' las marchas opositoras alegando que eran usadas para promover acciones delictivas y criminales. Desde entonces condicionó su realización a una solicitud previa.
Pese a cumplir ese requisito, la policía ha negado permiso de marchar a tres organizaciones de la sociedad civil y ha advertido que no autorizará manifestaciones públicas a personas o asociaciones sospechosas de participar en un intento de 'golpe de estado', como el gobierno califica a las protestas ciudadanas.
La Iglesia católica suspendió el 1 de enero la tradicional procesión de año nuevo, que realizaría en Managua, y se concentró en los predios de la Catedral. Ese día, decenas de policías antimotines se desplazaron en la ruta destinada a la actividad religiosa.
Las protestas comenzaron contra una fallida reforma a la seguridad social, pero el movimiento derivó en una demanda para la renuncia de Ortega, en el poder hace 11 años. El mandatario es acusado por opositores de corrupción y de instaurar una dictadura familiar.
La solicitud es para realizar una marcha 'cívica' y 'pacífica' conforme el derecho constitucional a la movilización, según un comunicado de los gremios, entre ellos el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
El comunicado no precisó el mensaje que tendría la marcha, pero en diciembre pasado los empresarios convocaron a una manifestación para instar al gobierno a retomar un diálogo con la oposición para encontrar una salida a la crisis política que mantiene en vilo al país desde abril pasado.
Los empresarios demandaron a la policía que brinde protección a la manifestación a fin de garantizar la seguridad de las personas que participen, agregó el comunicado.
La patronal, que mantenía una alianza con el gobierno desde 2007, se distanció del presidente Daniel Ortega tras el estallido de las protestas el 18 de abril, y ha llamado a dos marchas ciudadanas y dos huelgas empresariales que han paralizado gran parte de las actividades en el país.
En septiembre, la policía declaró 'ilegales' las marchas opositoras alegando que eran usadas para promover acciones delictivas y criminales. Desde entonces condicionó su realización a una solicitud previa.
Pese a cumplir ese requisito, la policía ha negado permiso de marchar a tres organizaciones de la sociedad civil y ha advertido que no autorizará manifestaciones públicas a personas o asociaciones sospechosas de participar en un intento de 'golpe de estado', como el gobierno califica a las protestas ciudadanas.
La Iglesia católica suspendió el 1 de enero la tradicional procesión de año nuevo, que realizaría en Managua, y se concentró en los predios de la Catedral. Ese día, decenas de policías antimotines se desplazaron en la ruta destinada a la actividad religiosa.
Las protestas comenzaron contra una fallida reforma a la seguridad social, pero el movimiento derivó en una demanda para la renuncia de Ortega, en el poder hace 11 años. El mandatario es acusado por opositores de corrupción y de instaurar una dictadura familiar.
