Barcelona, España
El Tribunal Constitucional de España le ordenó el jueves al Parlamento catalán que suspenda una sesión programada para la próxima semana en la que el gobierno regional pretende declarar la independencia, lo que agravaría la peor crisis política del país en décadas.
Las autoridades catalanas han hecho caso omiso a las órdenes del Tribunal Constitucional, por lo que no está claro si realizarán la sesión del lunes y si todas las partes asistirían.
La corte dijo que su orden podría ser apelada, pero advirtió también a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros líderes legislativos que podrían ser procesados si no detienen la sesión.
Forcadell dijo ante reporteros que la suspensión violaba la libertad de expresión y que no permitiría la censura en el Parlamento.
Momentos antes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, instó al presidente catalán Carles Puigdemont, a que cancele los planes de declaración de independencia y evitar que se produzcan “males mayores”.
En una entrevista en el Palacio de la Moncloa con la agencia noticiosa española EFE, Rajoy dijo que la mejor solución en Cataluña 'es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores'.
Fueron los primeros comentarios de Rajoy sobre el tema desde el domingo, cuando Cataluña celebró el referéndum secesionista mientras la policía nacional intentaba impedirlo por la fuerza. Puigdemont dijo que los resultados de la votación validaron los esfuerzos hacia la secesión.
Puigdemont atenuó el miércoles su postura desafiante al pedir una mediación en el conflicto, aunque mantuvo el plan de declarar la independencia la semana próxima.
En tanto, la incertidumbre política sobre las intenciones independentistas de Cataluña ha comenzado a extenderse a la economía, provocando la caída de los mercados bursátiles y haciendo que grandes empresas catalanas analicen mudarse a otros lugares de España.
El Banco Sabadell, uno de los más grandes de Cataluña y el quinto de mayor tamaño en España en volumen de activos, informó en un comunicado el jueves al regulador bursátil español que cambiará el domicilio legal del banco a la ciudad de Alicante, en el este del país.
La medida es simbólica en gran medida, dado que las oficinas generales de la institución seguirán en Barcelona, la capital catalana, pero su fin es permanecer bajo el amparo del Banco Central Europeo, reportó la agencia española Europa Press, que mencionó fuentes internas del banco.
No fue posible contactar a autoridades del Banco Sabadell para que dieran sus comentarios al respecto.
La noticia sobre el traslado hizo que las acciones del banco, que cayeron casi 10% en los últimos días, avanzaran 6% en las operaciones del jueves.
Las acciones españolas sufrieron el miércoles su caída más grande desde el referéndum del Brexit en el Gran Bretaña el año pasado. El principal índice bursátil en Madrid bajó 2,5% esta semana en un mercado inestable.
Se prevé que el banco Caixabank, con sede en Barcelona y el tercero más grande de España en volumen global de activos, estudie sus planes de reubicación en una reunión el viernes, mientras el gobierno prepara un decreto para facilitarle a las compañías catalanas el traslado de su sede.
En una señal de que los inversionistas están tomando en serio los riesgos financieros de la posible independencia catalana, las acciones de la firma biotecnológica Oryzon Genomics subieron 23% desde que anunció el miércoles que trasladaría su sede fuera de Cataluña.
Alrededor del 40% de los 5,5 millones de electores catalanes votaron el fin de semana en el referéndum, que se vio opacado por la violencia cuando la policía cerró los centros de votación y confiscó las urnas. El voto por el “sí” obtuvo una victoria aplastante, tal como se esperaba, dado que la mayoría de quienes se oponen a la independencia ignoraron el referendo que las cortes habían ordenado suspender.
Las autoridades catalanas y el gobierno central español están en desacuerdo sobre si el resultado de la consulta es legítimo. La Constitución española de 1978 prohíbe cualquier intento de secesión y establece que todos los españoles deben tener voz y voto sobre la soberanía del país.
El Parlamento regional de Cataluña convocó a una sesión el lunes para evaluar los resultados del referendo. Los legisladores partidarios de la independencia dicen que entonces harán la declaración para separarse de España.
A medida que se acerca el plazo, el clamor por el diálogo y la mediación cobra impulso en el país, aunque el gobierno de Rajoy parece estarse apegando a su posición de no dialogar con los que quieren separarse de España.
Tras reunirse con representantes consulares de países europeos, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, exhortó a las instituciones de Europa a que sopesen establecer un equipo especial de expertos para que funjan como mediadores.
Las autoridades de la Unión Europea han efectuado un llamado al diálogo, pero han respaldado al gobierno conservador de España y han culpado al gobierno catalán de la crisis política.
Los abogados que representan al gobierno de Barcelona crearon el miércoles una comisión para promover las conversaciones entre sindicatos, economistas e incluso el famoso club de fútbol azulgrana.
El líder del partido opositor Podemos, Pablo Iglesias, llamó el miércoles a Rajoy para exhortarlo a que busque una mediación, pero el presidente insiste en que Puigdemont debe dejar primero de amenazar con declarar la independencia.
Rajoy se ha visto bajo presión para que actúe sin empañar aún más su imagen ni inflamar el sentimiento separatista en la región, donde una fuerte identidad cultural se ha mezclado con años de agravios por lo que muchos catalanes ven como un trato económico injusto hacia la región, una de las más prósperas de España.
Algunos de los policías adicionales desplegados en la región fueron vistos el jueves mientras salían de un hotel en la ciudad costera de Pineda de Mar en medio de dos grupos de manifestantes: uno que les gritaba que se fueran y el otro mostrándoles su apoyo.
Las protestas se multiplicaron tras la votación del 1 de octubre para condenar la violencia policial e instar a las 'fuerzas de ocupación', como muchos manifestantes las han llamado, a abandonar Cataluña.
Muchas otras manifestaciones se han llevado a cabo en otras partes del país en respaldo de la unidad de España.
Madrid ha elogiado la respuesta de la policía, calificándola de proporcionada.
En un comunicado, el Ministerio del Interior dijo que la partida de los agentes el jueves ya estaba programada, pues los contratos terminaron con algunos de los hoteles que recibieron a los refuerzos de la policía.
Debido a las dificultades para encontrar alojamiento, algunos de los más de 5.000 elementos de seguridad adicionales desplegados en la región han dormido en tres transbordadores atracados en Barcelona y en la cercana Tarragona.
El Tribunal Constitucional de España le ordenó el jueves al Parlamento catalán que suspenda una sesión programada para la próxima semana en la que el gobierno regional pretende declarar la independencia, lo que agravaría la peor crisis política del país en décadas.
Las autoridades catalanas han hecho caso omiso a las órdenes del Tribunal Constitucional, por lo que no está claro si realizarán la sesión del lunes y si todas las partes asistirían.
La corte dijo que su orden podría ser apelada, pero advirtió también a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros líderes legislativos que podrían ser procesados si no detienen la sesión.
Forcadell dijo ante reporteros que la suspensión violaba la libertad de expresión y que no permitiría la censura en el Parlamento.
Momentos antes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, instó al presidente catalán Carles Puigdemont, a que cancele los planes de declaración de independencia y evitar que se produzcan “males mayores”.
En una entrevista en el Palacio de la Moncloa con la agencia noticiosa española EFE, Rajoy dijo que la mejor solución en Cataluña 'es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores'.
Fueron los primeros comentarios de Rajoy sobre el tema desde el domingo, cuando Cataluña celebró el referéndum secesionista mientras la policía nacional intentaba impedirlo por la fuerza. Puigdemont dijo que los resultados de la votación validaron los esfuerzos hacia la secesión.
Puigdemont atenuó el miércoles su postura desafiante al pedir una mediación en el conflicto, aunque mantuvo el plan de declarar la independencia la semana próxima.
En tanto, la incertidumbre política sobre las intenciones independentistas de Cataluña ha comenzado a extenderse a la economía, provocando la caída de los mercados bursátiles y haciendo que grandes empresas catalanas analicen mudarse a otros lugares de España.
El Banco Sabadell, uno de los más grandes de Cataluña y el quinto de mayor tamaño en España en volumen de activos, informó en un comunicado el jueves al regulador bursátil español que cambiará el domicilio legal del banco a la ciudad de Alicante, en el este del país.
La medida es simbólica en gran medida, dado que las oficinas generales de la institución seguirán en Barcelona, la capital catalana, pero su fin es permanecer bajo el amparo del Banco Central Europeo, reportó la agencia española Europa Press, que mencionó fuentes internas del banco.
No fue posible contactar a autoridades del Banco Sabadell para que dieran sus comentarios al respecto.
La noticia sobre el traslado hizo que las acciones del banco, que cayeron casi 10% en los últimos días, avanzaran 6% en las operaciones del jueves.
Las acciones españolas sufrieron el miércoles su caída más grande desde el referéndum del Brexit en el Gran Bretaña el año pasado. El principal índice bursátil en Madrid bajó 2,5% esta semana en un mercado inestable.
Se prevé que el banco Caixabank, con sede en Barcelona y el tercero más grande de España en volumen global de activos, estudie sus planes de reubicación en una reunión el viernes, mientras el gobierno prepara un decreto para facilitarle a las compañías catalanas el traslado de su sede.
En una señal de que los inversionistas están tomando en serio los riesgos financieros de la posible independencia catalana, las acciones de la firma biotecnológica Oryzon Genomics subieron 23% desde que anunció el miércoles que trasladaría su sede fuera de Cataluña.
Alrededor del 40% de los 5,5 millones de electores catalanes votaron el fin de semana en el referéndum, que se vio opacado por la violencia cuando la policía cerró los centros de votación y confiscó las urnas. El voto por el “sí” obtuvo una victoria aplastante, tal como se esperaba, dado que la mayoría de quienes se oponen a la independencia ignoraron el referendo que las cortes habían ordenado suspender.
Las autoridades catalanas y el gobierno central español están en desacuerdo sobre si el resultado de la consulta es legítimo. La Constitución española de 1978 prohíbe cualquier intento de secesión y establece que todos los españoles deben tener voz y voto sobre la soberanía del país.
El Parlamento regional de Cataluña convocó a una sesión el lunes para evaluar los resultados del referendo. Los legisladores partidarios de la independencia dicen que entonces harán la declaración para separarse de España.
A medida que se acerca el plazo, el clamor por el diálogo y la mediación cobra impulso en el país, aunque el gobierno de Rajoy parece estarse apegando a su posición de no dialogar con los que quieren separarse de España.
Tras reunirse con representantes consulares de países europeos, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, exhortó a las instituciones de Europa a que sopesen establecer un equipo especial de expertos para que funjan como mediadores.
Las autoridades de la Unión Europea han efectuado un llamado al diálogo, pero han respaldado al gobierno conservador de España y han culpado al gobierno catalán de la crisis política.
Los abogados que representan al gobierno de Barcelona crearon el miércoles una comisión para promover las conversaciones entre sindicatos, economistas e incluso el famoso club de fútbol azulgrana.
El líder del partido opositor Podemos, Pablo Iglesias, llamó el miércoles a Rajoy para exhortarlo a que busque una mediación, pero el presidente insiste en que Puigdemont debe dejar primero de amenazar con declarar la independencia.
Rajoy se ha visto bajo presión para que actúe sin empañar aún más su imagen ni inflamar el sentimiento separatista en la región, donde una fuerte identidad cultural se ha mezclado con años de agravios por lo que muchos catalanes ven como un trato económico injusto hacia la región, una de las más prósperas de España.
Algunos de los policías adicionales desplegados en la región fueron vistos el jueves mientras salían de un hotel en la ciudad costera de Pineda de Mar en medio de dos grupos de manifestantes: uno que les gritaba que se fueran y el otro mostrándoles su apoyo.
Las protestas se multiplicaron tras la votación del 1 de octubre para condenar la violencia policial e instar a las 'fuerzas de ocupación', como muchos manifestantes las han llamado, a abandonar Cataluña.
Muchas otras manifestaciones se han llevado a cabo en otras partes del país en respaldo de la unidad de España.
Madrid ha elogiado la respuesta de la policía, calificándola de proporcionada.
En un comunicado, el Ministerio del Interior dijo que la partida de los agentes el jueves ya estaba programada, pues los contratos terminaron con algunos de los hoteles que recibieron a los refuerzos de la policía.
Debido a las dificultades para encontrar alojamiento, algunos de los más de 5.000 elementos de seguridad adicionales desplegados en la región han dormido en tres transbordadores atracados en Barcelona y en la cercana Tarragona.
