Agentes de inmigración llegaron a decenas de tiendas 7-Eleven en Estados Unidos antes del amanecer del miércoles para comenzar a examinar el estatus de inmigración de los empleados, en lo que las autoridades describieron como la mayor redada de ese tipo contra una empresa durante la presidencia de Donald Trump.
Los agentes se centraron en unas 100 tiendas, ampliando una investigación que comenzó hace cuatro años en una causa contra una franquicia en Long Island, Nueva York. Las auditorías pudieran llevar a cargos criminales o multas por las prácticas de contrataciones de las tiendas. Veintiuna personas sospechosas de estar ilegalmente en Estados Unidos fueron arrestadas.
La acción parece abrir un nuevo frente en la expansión de la aplicación de las leyes de inmigración durante el gobierno de Trump, que ya ha llevado a un incremento de 40% en los arrestos para deportación.
Derek Benner, un alto funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dijo que la operación del miércoles fue “la primera de muchas” y “un indicador de lo que vendrá” para los empleadores.
'Eso es para lo que nos preparamos este año, y lo que vas a ver más y más son este tipo de operaciones a gran escala, para empezar”, dijo Benner, jefe interino de unidad de Investigaciones de Seguridad del ICE, que supervisa las causas contra empresas.
En el barrio de Koreatown, en Los Ángeles, siete agentes que arribaron en vehículos sin marcas cerraron una tienda durante 20 minutos para explicarle la auditoría al único empleado presente. Los agentes les dijeron a clientes que llegaban que la tienda estaba cerrada brevemente para una inspección federal. Un chofer que entregaba un embarque de cervezas tuvo que esperar en el estacionamiento.
El administrador de la tienda estaba en Bangladesh, mientras que el dueño, contactado por teléfono, le dijo al cajero que aceptara los documentos que le entregaran los agentes, que dijeron que regresarían el martes para recoger la documentación de nómina que solicitaron.
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Tras las inspecciones, los funcionarios planeaban examinar si hay casos que merezcan una acción administrativa o una investigación penal, dijo Benner.
'No va limitarse a grandes compañías ni una industria en particular, grande o pequeña”, agregó.
7-Eleven Stores Inc., con sede en Irving, Texas, dijo en un comunicado que los dueños de sus franquicias son responsables por la contratación y la verificación de la elegibilidad para empleo.
La cadena, que tiene más de 8.600 tiendas en Estados Unidos, dijo que ha anulado previamente acuerdos de franquicia para dueños declarados culpables de violar leyes laborales.
A diferencia de operaciones previas, las acciones del miércoles estuvieron dirigidas exclusivamente a personal administrativo.
Las contrataciones ilegales raramente son penalizadas criminalmente, en parte porque las investigaciones toman tiempo y las convicciones son difíciles porque los empleadores pueden argumentar que fueron engañados con documentos fraudulentos.
