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Fiscalía de Costa Rica imputa a expresidente Solís de abuso de funciones

El Ministerio Público también acusó del mismo delito al exvicepresidente y exministro de Hacienda Helio Fallas
06.07.2023

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El expresidente de Costa Rica Guillermo Solís fue acusado de haber perjudicado a la hacienda pública durante su gestión (2014-2018), informó este jueves la Fiscalía.

La imputación al exmandatario (2014-2018) fue por “influencia en contra de la Hacienda Pública”.

Los cargos se sustentan en la influencia presuntamente ejercida por Solís para “trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito (Banco Crédito Agrícola de Cartago), sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente”, según indicó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

De acuerdo al Ministerio Público, esta “maniobra” evitaría la intervención del banco “debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba” y que la imagen del gobierno de Solís se viera dañada.

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“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el gobierno de la república siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”, señaló el exmandatario a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Bancrédito fue una entidad del Estado con fines comerciales que acabó quebrando en julio de 2017, bajo la administración de Solís, tras años de pérdidas y malos resultados.

El Ministerio Público también acusó del mismo delito al exvicepresidente y exministro de Hacienda Helio Fallas, el exministro de la Presidencia Sergio Alfaro, la extesorera nacional Martha Cubillo y el exsubtesorero nacional Mauricio Arroyo.

“La actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público”, señaló la Fiscalía.

Los cinco acusados podrían ser condenados a entre dos y ocho años de cárcel, de acuerdo al Código Penal.

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