CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- En medio de un forcejeo con algunos magistrados, la cuestionada fiscalía de Guatemala secuestró este sábado las actas que contienen los votos de las pasadas elecciones en un allanamiento del tribunal electoral, un operativo rechazado por la comunidad internacional.
“Nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados”, dijo a periodistas la magistrada Blanca Alfaro tras minutos de tensión en la allanada sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el centro de la capital.
Alfaro y otros magistrados forcejearon y discutieron con varios policías y fiscales al momento de que los oficiales sacaron las cajas con las actas, de acuerdo con una transmisión por Facebook hecha por el TSE.
El magistrado Gabriel Aguilera indicó que las actas secuestradas corresponden a las elecciones generales de junio en las que el socialdemócrata Bernardo Arévalo dio la sorpresa al avanzar al balotaje presidencial que luego ganó en agosto.
Arévalo ha denunciado que las acciones de la fiscalía corresponden a un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el cargo el próximo 14 de enero.
La criticada Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche, inició el allanamiento del tribunal electoral el viernes como respuesta a denuncias de presuntas anomalías en el proceso electoral.
“Exigiremos rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática del presidente electo” Arévalo, indicó en la red social X (antes Twitter) el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, al criticar el operativo.
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos dijo por su lado que las acciones contra el tribunal electoral “constituyen un ejemplo vergonzoso para el hemisferio”.
Los magistrados habían pedido el viernes a la máxima instancia judicial del país otorgar un amparo para evitar el secuestro de las actas originales, al considerarlo “una violación al sistema democrático” debido a que el ente electoral es el “único facultado para custodiar” los documentos electorales.
También calificaron el allanamiento, el cuarto que realizan en sedes del TSE, como un “acto intimidatorio” para poner en duda los resultados.
Las acciones de Curruchiche son respaldadas por la fiscal general, Consuelo Porras, y los allanamientos han sido autorizados por el juez Fredy Orellana. Los tres son considerados por Washington como personajes “corruptos” y “antidemocráticos”.
