MANAGUA, NICARAGUA.- El gobierno de Daniel Ortega aprobó el jueves la “disolución voluntaria” de una universidad del Arzobispado de Managua, que se suma al cierre de otras dos universidades nicaragüenses ordenado en marzo por “incumplimientos” legales.
El diario oficial La Gaceta publicó el cierre de la Asociación Universidad Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (UCICAM), que había solicitado la “disolución voluntaria acordada por sus miembros” en asamblea extraordinaria del 10 de enero.
La resolución firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, señala que tras aceptar la disolución, el ministerio acordó “proceder a la cancelación del Registro y Número Perpetuo asignado” como asociación sin fines de lucro a la UCICAM.
En marzo, las autoridades dispusieron el cierre de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), decretado por “incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”, y ordenaron que sus bienes pasaran a manos del Estado.
Ese mes abandonó el país el encargado de negocios del Vaticano, en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Managua y ese Estado europeo quedaron al borde de la ruptura tras unas declaraciones del papa Francisco, que calificó al gobierno de Ortega como “dictadura grosera”.
Los cierres de las universidades se suman a otras medidas del gobierno de izquierda del presidente Daniel Ortega que le han valido sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua acusadas de violar las leyes, incluidas varias universidades privadas y organizaciones gremiales de empresarios.
El gobierno ha tenido asimismo enfrentamientos con líderes de la Iglesia que han criticado sus políticas, como el obispo Rolando Álvarez, que fue detenido en agosto de 2022 y condenado a 26 años de cárcel por, entre otros cargos, “menoscabo a la integridad nacional”.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho.
Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.
