El juez federal de distrito Michael Simon emitió una orden preliminar que evita que la norma entre en vigor el domingo. Se desconoce cuándo fallará sobre el mérito del caso
Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG presentaron el miércoles una demanda federal con el argumento de que la medida descartaría a casi dos terceras partes de los posibles inmigrantes legales.
La denuncia también señaló que la regla también reduciría enormemente o eliminaría el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos con visas patrocinadas por familiares.
“Estamos muy agradecidos de que la corte reconociera la necesidad de bloquear de inmediato la regla de atención médica”, dijo la abogada senior del Justice Action Center Esther Sung, quien presentó argumentos en la audiencia del sábado a nombre de los demandantes. “La medida separaría a las familias y reduciría dos terceras partes de la migración basada en ‘green cards’ a partir de esta noche, en caso de que no se suspendiera la prohibición”.
El decreto que firmó el presidente Donald Trump a principios de octubre aplica a personas que aspiran a visas de migrante desde el extranjero y no a quienes ya están dentro de Estados Unidos. No afecta a los residentes legales permanentes, así como tampoco a solicitantes de asilo, refugiados o menores de edad.
VEA TAMBIÉN: Incendios forestales en Baja California, México: 2 muertos
La proclamación indica que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país a menos que obtengan cobertura de salud en un lapso de 30 días después de su entrada o cuenten con los suficientes recursos económicos para cubrir cualquier costo médico.
La regla es tan solo el más reciente intento del gobierno de Trump por limitar el acceso a los programas públicos mientras intenta alejar al país de un sistema migratorio basado en la familia y convertirlo en uno basado en méritos.
Al momento de la proclamación, la Casa Blanca dijo en un comunicado que se tomó la medida porque demasiados extranjeros se aprovechaban de los “generosos programas de salud pública” del país, y los inmigrantes contribuyen al problema de “costos de salud sin compensación”.
Según la regla de visado del gobierno, se puede adquirir un seguro requerido de forma individual u obtenerlo de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o de cobertura “catastrófica”.
El plan Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si utiliza los subsidios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible para adquirir un seguro. El gobierno federal paga esos subsidios.
De acuerdo con el Migration Policy Institute, un grupo migratorio apartidista, el 57% de los inmigrantes en Estados Unidos tenían seguro médico privado en 2017, en comparación con el 69% de los nacidos en Estados Unidos, y el 30% tenía cobertura de salud pública, comparándolos con el 36% de los nacidos en el país.
La tasa de inmigrantes sin seguro se redujo del 32% al 20% entre 2013 y 2017, desde que se implementó la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, según el grupo.
Alrededor de 1.1 millones de personas obtienen “green cards” cada año.
“Incontables miles de personas en todo el país pueden respirar con alivio este día debido a que la corte reconoció la urgencia y el daño irreparable que se habría causado” sin la suspensión, dijo Jesse Bless, director de litigio federal para la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios (American Immigration Lawyers Association).
Meses atrás, el gobierno realizó cambios radicales a las medidas que habrían negado “green cards” a inmigrantes que utilizaran ciertas formas de asistencia pública, una medida que también ha sido bloqueada por las cortes.
LEA: Quiénes son y a quién votan los hispanos, ese invento de EEUU
