MÉXICO, MÉXICO. - La Suprema Corte de Justicia de México limitó este martes la participación de los militares en tareas de seguridad pública, al anular la transferencia de un cuerpo policial al Ejército impulsada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
El paso de la Guardia Nacional al ministerio de Defensa había sido aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso en septiembre pasado. La decisión fue rechazada por Naciones Unidas que la consideró un “retroceso” para una seguridad ciudadana basada en los derechos humanos.
Por ocho votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal anuló la reforma legislativa que otorgó a la Secretaría de Defensa (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, de 130.000 integrantes.
El fallo señala que la transferencia viola el artículo 21 de la Constitución, que ordena que la Guardia Nacional sea una institución de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
“La transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades (a la Sedena) es una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución”, dijo el magistrado Javier Laynez durante la sesión.
La norma había sido demandada por legisladores opositores.
López Obrador ha defendido el traspaso del cuerpo policial, creado durante su gobierno, al señalar que las Fuerzas Armadas son menos permeables a la corrupción y gozan de popularidad entre la ciudadanía.
Este martes, el mandatario anticipó que una sentencia adversa podría llevar a que la Guardia termine dirigida por alguien “sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad”, y denunció que “todavía hay mucha corrupción y clasismo” en el Poder Judicial.
Tras el aval parlamentario, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que la continua militarización de las fuerzas de seguridad en México ha provocado un “aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas”.
Este martes, ONU-DH denunció precisamente que miembros de la Guardia asesinaron a una mujer embarazada y a un hombre durante un ataque presuntamente indiscriminado contra una camioneta en la que se transportaba una familia en Nuevo Laredo (noreste), el domingo pasado.
México, de unos 126 millones de habitantes, acumula más de 350.000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos, la mayoría atribuidos al crimen organizado, desde que en 2006 el gobierno de la época lanzó una polémica ofensiva antidrogas con participación militar.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos mexicanos se han apoyado en los militares para enfrentar a la delincuencia organizada, aunque con denuncias de abuso de la fuerza y sin lograr una reducción drástica de la violencia criminal.
El pasado 10 de abril, la fiscalía general acusó a cuatro militares de homicidio por la muerte de cinco civiles en Nuevo Laredo en febrero pasado.
