CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El gobierno de México atribuyó este lunes a “propaganda criminal” una serie de ataques contra civiles y comercios perpetrados en la última semana en varios estados del país, con saldo de una docena de muertos.
“Los decomisos de drogas (...), el aseguramiento de armas y las detenciones han mermado esta capacidad criminal”, dijo en conferencia de prensa el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.
“Como reacción (...) y para generar un impacto social, los grupos delictivos han realizado estas acciones con un propósito de propaganda criminal para buscar generar sicosis social ante su disminuida capacidad delictiva”, añadió.
Los hechos violentos tuvieron lugar entre el martes y el viernes últimos en los estados de Jalisco (oeste), Guanajuato (centro), Chihuahua, Baja California (norte, fronterizos con Estados Unidos) y Michoacán (oeste).
Los incidentes más graves ocurrieron el jueves en Ciudad Juárez (Chihuahua), donde un enfrentamiento entre pandillas -presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa- en una cárcel desató una escalada de atentados en esa urbe, según el gobierno.
A la muerte de dos presos en esos choques se sumó el asesinato de nueve civiles en diferentes ataques, incluidos un menor, un locutor y tres colaboradores de una radio que realizaban una transmisión en vivo. Varios comercios y vehículos también fueron quemados.
Dos día antes, en Jalisco, un operativo del Ejército contra presuntos capos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó un señalado delincuente muerto, así como vehículos y dos docenas de locales incendiados en ese estado y el vecino Guanajuato, además de bloqueos de vías.
“Las organizaciones criminales quieren sentirse fuertes y generan situaciones de violencia donde a manera de publicidad puedan estar mandando sus mensajes que aún son fuertes”, subrayó el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en la misma rueda de prensa.
- EEUU emite alertas -
El viernes también fueron incinerados vehículos de transporte público en las ciudades de Tijuana, Ensenada y Mexicali (Baja California), mientras que el fin de semana se reportaron bloqueos de carreteras en Michoacán luego de la captura de 164 integrantes de un grupo de autodefensa.
Esa milicia asegura haberse levantado en armas para defenderse de las extorsiones y secuestros de narcotraficantes, pero las autoridades creen que mantiene tratos con el crimen organizado.
Tras los ataques, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en Ciudad Juárez y Baja California con cientos de militares. A su vez, los consulados de Estados Unidos en Guadalajara y Tijuana emitieron alertas de seguridad y pidieron a sus empleados mantenerse resguardados.
“Estamos trabajando muy de cerca” con las autoridades mexicanas para “evaluar las condiciones actuales en Baja California”, declaró este lunes en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
“Continuaremos comunicándonos a través de mensajes de la embajada y alertas” a los ciudadanos estadounidenses”, agregó.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rehusó tildar los ataques indiscriminados contra civiles como “atentados terroristas”.
“No deben verse más allá de la propaganda”, remarcó su secretario de Gobernación, Adán Augusto López. “La estrategia federal está dando resultados y cuando algo está dando resultados no tiene por qué cambiarse”, agregó el funcionario.
López Obrador también rechazó afirmaciones de opositores de que la escalada violenta está ligada a su plan para que la Guardia Nacional -creada en 2019 bajo un mando civil para garantizar la seguridad ciudadana- pase a formar parte del Ejército mexicano.
México está envuelto desde 2006 en una espiral de violencia ligada al crimen organizado, que deja unos 340.000 muertos.
