CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- México incrementó las detenciones y devoluciones de migrantes no autorizados en más de 60% en abril con respecto al mes anterior, según datos ofrecidos el jueves por el
Instituto Nacional de Migración, y este porcentaje sube hasta 150% si se observan las cifras en lo que va del año.
El gobierno reconoce que se trata de un aumento “significativo”, pero afirma que se debe a que el flujo de personas procedentes de Centroamérica también creció “de manera muy notable”. De hecho, los retornos asistidos pasaron de 5,585 de enero a 14,970 de abril y las detenciones de 8.248 a 20,564 en esos mismos meses.
Si se comparan estos datos con los del mismo periodo de 2018 se observa que las cifras en el primer trimestre son parecidas, pero es en abril cuando las actuales se disparan.
El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que mantiene la misma política migratoria desde que llegó al poder el 1 de diciembre, centrada en colaborar con el desarrollo de los países de origen para reducir las causas de la migración y ofrecer alternativas de trabajo a quienes, de todos modos, opten por salir.
Sin embargo, algunos analistas creen que el ejecutivo ha endurecido su discurso y sus acciones desde finales de marzo ante un flujo inusual que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades.
El gobierno se encontró en diciembre con unos 10,000 migrantes abarrotando la frontera norte que habían llegado en caravanas en los meses previos, y optó por incentivar las solicitudes de asilo en México (van más de 18,000 de enero a abril) y facilitar la entrega de visas humanitarias a centroamericanos (hasta febrero se concedieron más de 15,000, según el INM). Lo que hicieron las autoridades fue aplicar el requisito legal para concederlas a personas que están en situación de “vulnerabilidad”, con una lectura amplia de ese término.
Sin embargo, la presión hacia los migrantes creció desde finales de marzo cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de establecer un tramo de contención en el sur para que los migrantes no pasaran.
Semanas después, el presidente abogó por “buscar los equilibrios” entre los retornos asistidos y la concesión de permisos.
'No queremos que tengan libre paso, no sólo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad' de los propios migrantes, dijo.
Más allá de las declaraciones, el gobierno ralentizó cualquier tipo de regularización y cerró durante mes y medio las oficinas en Tapachula, en Chiapas, por unos choques que hubo con migrantes en ese punto. Además, aumentaron los operativos tanto en carreteras contra caravanas _en uno de ellos se detuvo a 371 personas, incluidos muchos niños_ como en los trenes de carga que usan los migrantes.
Y al haber más arrestos, los centros migratorios fueron rebasados en sus capacidades, según denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La calidad de vida en su interior empeoró, y en el último mes se han dado fugas nunca vistas hasta ahora.
México indicó hace semanas que habría procesos más selectivos para conceder visas humanitarias, que son las únicas que permiten moverse por todo el país y las que los migrantes más desean. También anunció que ampliaría los permisos que retienen a los migrantes en el sur: la tarjeta de visitante regional (que ya la pueden pedir hondureños y salvadoreños, pero no permite trabajar) y la de trabajador fronterizo (cuya ampliación está pendiente). Ambas impiden salir de la península de Yucatán, así como de los estados de Tabasco y Chiapas.
Sobre las causas que han podido incentivar el flujo de migrantes, algunas de las que mencionan varios analistas son las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera, el hecho de que la saturación de los centros migratorios en Estados Unidos haya conllevado la liberación de miles de familias en territorio estadounidense, y la oferta de visas que hubo en México.
Todo eso ha tenido consecuencias en México: pérdidas económicas cuando Estados Unidos ralentizó los cruces fronterizos, la saturación de toda la infraestructura de migración y un hartazgo hacia los migrantes por parte de algunos mexicanos.
El gobierno reconoce que se trata de un aumento “significativo”, pero afirma que se debe a que el flujo de personas procedentes de Centroamérica también creció “de manera muy notable”. De hecho, los retornos asistidos pasaron de 5,585 de enero a 14,970 de abril y las detenciones de 8.248 a 20,564 en esos mismos meses.
Si se comparan estos datos con los del mismo periodo de 2018 se observa que las cifras en el primer trimestre son parecidas, pero es en abril cuando las actuales se disparan.
El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que mantiene la misma política migratoria desde que llegó al poder el 1 de diciembre, centrada en colaborar con el desarrollo de los países de origen para reducir las causas de la migración y ofrecer alternativas de trabajo a quienes, de todos modos, opten por salir.
Sin embargo, algunos analistas creen que el ejecutivo ha endurecido su discurso y sus acciones desde finales de marzo ante un flujo inusual que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades.
El gobierno se encontró en diciembre con unos 10,000 migrantes abarrotando la frontera norte que habían llegado en caravanas en los meses previos, y optó por incentivar las solicitudes de asilo en México (van más de 18,000 de enero a abril) y facilitar la entrega de visas humanitarias a centroamericanos (hasta febrero se concedieron más de 15,000, según el INM). Lo que hicieron las autoridades fue aplicar el requisito legal para concederlas a personas que están en situación de “vulnerabilidad”, con una lectura amplia de ese término.
Sin embargo, la presión hacia los migrantes creció desde finales de marzo cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de establecer un tramo de contención en el sur para que los migrantes no pasaran.
Semanas después, el presidente abogó por “buscar los equilibrios” entre los retornos asistidos y la concesión de permisos.
'No queremos que tengan libre paso, no sólo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad' de los propios migrantes, dijo.
Más allá de las declaraciones, el gobierno ralentizó cualquier tipo de regularización y cerró durante mes y medio las oficinas en Tapachula, en Chiapas, por unos choques que hubo con migrantes en ese punto. Además, aumentaron los operativos tanto en carreteras contra caravanas _en uno de ellos se detuvo a 371 personas, incluidos muchos niños_ como en los trenes de carga que usan los migrantes.
Y al haber más arrestos, los centros migratorios fueron rebasados en sus capacidades, según denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La calidad de vida en su interior empeoró, y en el último mes se han dado fugas nunca vistas hasta ahora.
México indicó hace semanas que habría procesos más selectivos para conceder visas humanitarias, que son las únicas que permiten moverse por todo el país y las que los migrantes más desean. También anunció que ampliaría los permisos que retienen a los migrantes en el sur: la tarjeta de visitante regional (que ya la pueden pedir hondureños y salvadoreños, pero no permite trabajar) y la de trabajador fronterizo (cuya ampliación está pendiente). Ambas impiden salir de la península de Yucatán, así como de los estados de Tabasco y Chiapas.
Sobre las causas que han podido incentivar el flujo de migrantes, algunas de las que mencionan varios analistas son las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera, el hecho de que la saturación de los centros migratorios en Estados Unidos haya conllevado la liberación de miles de familias en territorio estadounidense, y la oferta de visas que hubo en México.
Todo eso ha tenido consecuencias en México: pérdidas económicas cuando Estados Unidos ralentizó los cruces fronterizos, la saturación de toda la infraestructura de migración y un hartazgo hacia los migrantes por parte de algunos mexicanos.
