Las dos están en un centro de detención familiar en la remota localidad de Dilley, Texas, y han estado varias veces a punto de ser expulsadas. El viernes antes de Navidad fueron conducidas en auto al aeropuerto de San Antonio y las subieron a un avión, sólo para bajar cuando abogados que trabajan para grupos de defensa de los inmigrantes presentaron nuevas apelaciones.
“Tengo fe en Dios y en el nuevo presidente que ha asumido el cargo, en que nos darán una oportunidad”, dijo la madre, que utiliza el apodo de “Barbi”. Dejó otros dos hijos en El Salvador y pidió no dar su nombre para no atraer la atención de las pandillas criminales en su país.
La hija de Barbi tenía ocho años cuando cruzaron la frontera estadounidense en agosto de 2019 y cumplirá 10 en unas pocas semanas. “No ha sido fácil”, dijo.
Es improbable que las cosas mejoren pronto.
El presidente Joe Biden se apresuró a enviar al Congreso la reforma más ambiciosa en una generación del sistema de inmigración del país y firmó nueve decretos para eliminar parte de las medidas más duras de su predecesor para reforzar la frontera entre México y Estados Unidos.
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Pero una corte federal en Texas suspendió su moratoria de 100 días a las deportaciones, y es probable que la ley de inmigración se suavice mientras los legisladores abordan la gran ley de ayudas por el coronavirus y el segundo juicio político del expresidente Donald Trump.
Incluso si Biden consigue la mayoría de lo que quiere en materia de inmigración, aplicar por completo los grandes cambios prometidos llevaría semanas, meses y quizá incluso años. Eso implica que, por ahora, es más probable que haya más solapamiento de las políticas migratorias de Biden y Trump de lo que esperaban muchos de los activistas que respaldaron la exitosa campaña demócrata.
“Es importante que aprobemos políticas que no sólo sean transformadoras, inclusivas y permanentes, sino también que sean políticas que no aumentan el ritmo de las deportaciones”, dijo Genesis Renteria, director de programa de servicios de membresía y participación en Living United for Change en Arizona, que ayudó a movilizar votantes demócratas en un estado en disputa que fue clave para la victoria de Biden.
Las leyes federales permiten a los inmigrantes que afrontan amenazas creíbles de persecución o violencia pedir asilo en Estados Unidos. Biden ha ordenado revisar la política de Trump que envió a México a personas de Centroamérica, Cuba y otros lugares mientras se procesaban sus casos. A menudo, eso implicaba que acababan en campos de carpas apenas a unos metros del suelo estadounidense.
El nuevo mandatario también ha formado un equipo para reunir a los niños inmigrantes separados de sus padres y detener el financiamiento federal para ampliar los muros en la frontera entre Estados Unidos y México.
El gobierno de Biden empezó a retirarse el sábado de los acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras que restringían las opciones de la gente de pedir asilo en Estados Unidos.
Pero es probable que esas órdenes no ayuden a Barbi y a su hija. Ellas pidieron asilo, pero se les negó debido a una norma del gobierno de Trump que negaba esa protección a personas que habían cruzado otros países antes de llegar a la frontera estadounidense. Esa medida fue derogada después en los tribunales.
Aun así, Barbi y su hija, como otros que llevan meses retenidos en Dilley, podrían ser expulsadas del país en cualquier momento.
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Los activistas que elogiaron a Biden por defender una reforma migratoria temen ahora que no se haga suficiente. Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en la Unión Americana de Libertades Civiles, describió como “preocupante” que los esfuerzos de Biden “no incluían acciones inmediatas para rescindir y desactivar más de las políticas ilegítimas e inhumanas que heredó -y ahora ostenta- este gobierno”.
Miembros del equipo de Biden han pedido más tiempo, diciendo que las medidas de Trump tienen un alcance demasiado amplio como para rescindirlas de la noche a la mañana. Pero para muchos activistas, volver simplemente a las políticas previas a Trump -si es que Biden puede hacerlo- no será suficiente.
El expresidente Barack Obama fue descrito como “deportador en jefe” por expulsar a un número récord de inmigrantes durante sus ocho años en el cargo. Su gobierno también construyó el centro de detención done está Barbi y uno similar en otra localidad rural de Texas, Karnes City, 95 millas más al este.
Biden ha prohibido las prisiones privadas, pero su orden no afecta a centros como los de Dilley y Karnes City. Lejos de defender su cierre en el pasado, Biden viajó a Guatemala en 2014, cuando era vicepresidente, durante un repunte de las llegadas de menores no acompañados a la frontera de Estados Unidos y advirtió personalmente que su país aumentaría la detención de familias.
Otra medida que Biden no ha cambiado se introdujo en marzo, cuando el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó medidas sanitarias de emergencia que pretendían impedir la entrada de inmigrantes o acelerar su expulsión de Estados Unidos para evitar contagios de coronavirus. Esas medidas se han mantenido pese a las solicitudes de asilo pendientes y a las pocas pruebas de que cerrar la frontera vaya a frenar la pandemia. Desde el 1 de octubre, 183,000 inmigrantes han sido expulsados de Estados Unidos amparándose en esa medida.
El objetivo es devolver el proceso de asilo en Estados Unidos “todo lo posible” a la normalidad anterior a Trump, señaló un portavoz de la Casa Blanca, aunque “vivimos limitados por la pandemia”.
Kennji Kizuka, investigador de alto nivel y analista de políticas de protección de refugiados en Human Rights First, señaló que “con la gente que corre peligro, Estados Unidos tiene una obligación legal de no devolverles a un lugar donde enfrentarían persecución, o tortura, o otros daños”.
“Eso no es algo que se aplace porque es incómodo en tu plan legislativo”, dijo Kizuka.
Las promesas de Biden de hacer mejoras rápidas habían dado esperanzas que ahora se desvanecen en la frontera. El día antes de su investidura el 20 de enero, una protesta de inmigrantes en la ciudad mexicana de Nogales terminó con la gente yendo hasta un puesto fronterizo en Arizona y pidiendo que se les procesara como solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Un agente de fronteras dijo que no, pero añadió “Vuelvan a intentarlo mañana”.
Volvieron al día siguiente, pero nada había cambiado.
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