La iniciativa fue aprobada con celeridad por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por aliados de Ortega, y entró en vigor a los minutos de su publicación en La Gaceta Diario Oficial del país.
La medida declaró los inventarios de combustibles y otros activos de la compañía un asunto de 'seguridad ciudadana e interés nacional' y permite al gobierno manejarlos de manera confidencial.
El gobierno señaló que la medida busca 'garantizar el suministro confiable, continuo, eficiente, seguro, adecuado e ininterrumpido de los combustibles y productos de los derivados del petróleo'.
La diputada opositora Azucena Castillo dijo que esta nacionalización permitirá al gobierno 'seguir lavando dinero'.
Castillo comparó el caso de la DNP con el del Banco Corporativo (Bancorp) que cerró operaciones en abril después de que Washington lo sancionara por supuestas transferencias ilícitas de fondos a Venezuela.
'Con esta ley enviada apresuradamente a la Asamblea se pretende evitar que la familia Ortega pierda lo invertido en los inventarios de combustibles y petróleos', comentó por su parte el político José Pallais, directivo de la opositora Alianza Cívica.
La ley pretende que el 'Estado pague sus inventarios' de combustible, en una suerte de 'indemnización' para Ortega y allegados, dijo. Están 'creando una nueva piñata con el dinero de todos los nicaragüenses', agregó, en alusión a la repartición de haciendas, empresas y mansiones hecha por los sandinistas en 1990, tras la derrota electoral del primer gobierno de Ortega.
Washington anunció el jueves sus sanciones más recientes contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del mandatario, por su presunta implicación en lavado de dinero y corrupción.
También sancionó a Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A., que el secretario del Tesoro estadounidense Steven T. Mnuchin describió como dos compañías que Ortega hijo 'posee y utiliza para lavar dinero a fin de sostener al régimen de Ortega a costillas del pueblo nicaragüense'.
