“Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad” frente a la “manipulación” y el “encubrimiento” de delitos y delincuentes realizado por la administración anterior, afirmó el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en un mensaje en video transmitido durante una ceremonia al cumplirse 6 años de un crimen que conmocionó dentro y fuera del país.
“Se han otorgado órdenes de detención de militares que se van a ejecutar”, subrayó a su vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presidió el acto en Palacio Nacional. “El que haya participado y se demuestre, va a ser juzgado. Ese es un avance, el que no exista encubrimiento”.
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La falta de certezas sobre el paradero de los estudiantes mantiene a las familias en la desesperación, pero detener y ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tiene una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente ha hecho de las fuerzas armadas.
“Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores (mandatarios)”, afirmó María Martínez, la madre de uno de los estudiantes, pero recordó que los familiares siguen “locos de dolor” por la incertidumbre, y le pidió al presidente “que apriete un poquito más (...) seis años y no tenemos nada”.
Omar Gómez Trejo, actual responsable de la investigación del conocido como Caso Ayotzinapa —el nombre de la escuela de magisterio donde estudiaban los jóvenes—, dijo que entre las 25 personas buscadas como autores materiales o intelectuales hay “policías de diversas municipalidades, policías federales, miembros del ejército, así como funcionarios y exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y de la delincuencia organizada”.
No aclaró si entre ellos está el que fuera entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, a quien el actual fiscal general acusó de “orquestar un engaño mediático masivo”.
El 26 de septiembre de 2014 policías locales de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a los estudiantes en esa localidad, con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
El gobierno anterior aseguró que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró sus cuerpos en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y tiró los restos a un río cercano. Sin embargo, esta versión, que Murillo Karam consideró “la verdad histórica”, ya quedó totalmente descartada.
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Gertz Manero consideró el sábado que ha quedado probado el “encubrimiento generalizado” de la verdad que hizo el gobierno anterior, que según dijo, cometió detenciones de forma arbitraria y que torturó de forma masiva.
El exfuncionario de más alto nivel que está prófugo, considerado uno de los mayores responsables de tal encubrimiento, es Tomás Zerón, entonces jefe de la agencia de investigación federal, a quien se busca por tortura y ocultación de desaparición forzada.
Pero Gertz Manero afirmó que, además, “cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR”, unos 50 millones de dólares, “que sustrajo con varios cómplices, de manera fraudulenta, dentro de la Institución, y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”.
A finales de 2016, el expresidente Enrique Peña Nieto, retiró a Zerón de la agencia de investigación, pero para darle un ascenso. Actualmente está prófugo en Israel, a cuyo gobierno México ha pedido que colabore con su detención.
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