La ley de 'Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz', promovida por Ortega, que apunta a sus críticos opositores, fue aprobada este lunes con 70 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones. El proyecto fue presentado hace cuatro días.
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Nicaragua celebrará elecciones generales en noviembre de 2021, en las que el sandinista Ortega, de 74 años, presumiblemente tratará de extender su permanencia en el poder, al que llegó en 2007.
La norma establece que 'aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua' no podrán optar a cargos de elección popular.
Además excluye a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional o inciten la injerencia de otros países.
Para la dirigente del bloque opositor Unidad Nacional, Ivania Álvarez, Ortega 'está dando muestras de que no quiere un proceso limpio y transparente', y saca del camino a sus oponentes.
Para la Organización de Estados Americanos (OEA), esa ley 'es un atentado' a la democracia e instó al gobierno a derogarla y emprender reformas electorales que garanticen elecciones 'libres, justas y transparentes'.
En tanto, el subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, opinó que la ley de Ortega 'es otro intento burdo de mantenerse en el poder'.
Hablar mal de la patria
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, justificó la ley: 'Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado', declaró. 'Quien quiera hablar mal de la patria, que vaya a correr (a elecciones) a donde quiera, sobre todo en los ejemplos de democracia que estamos viendo en estos tiempos en el imperio'.La bancada del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votó en contra porque considera que viola los derechos ciudadanos.
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El gobierno acusa a la oposición extraparlamentaria de golpistas y terroristas por participar en las protestas de 2018, según dice, aupados por Estados Unidos. También de aplaudir las sanciones que Washington ha impuesto a funcionarios y familiares de Ortega, señalados de corrupción y violación de derechos humanos.
La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, celebró la aprobación de la ley, tras calificar a los opositores de 'traidores' y 'serviles'.
A la misma hora que el parlamento aprobaba la nueva norma, Estados Unidos sancionaba a otros tres funcionarios oficialistas nicaragüenses.
El director de Human Rights Watch (HRM), José Vivanco, dijo que la ley viola el derecho a la participación política de los nicaragüenses y en su opinión 'ayudará a consolidar a la dictadura Ortega-Murillo'.
Debilitar a la oposición
'Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra (...) perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones; ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten', había dicho Ortega la semana pasada.El Parlamento ya había aprobado en octubre la denominada ley de Agentes Extranjeros, que obliga a organizaciones y personas civiles que reciben fondos del exterior a registrarse como tal y les prohíbe optar a cargos públicos.
También está la ley de ciberdelitos, por la que se puede sancionar a adversarios de Ortega que lo critican en redes sociales.
El líder opositor Felix Maradiaga, perfilado como contrincante de Ortega, aseguró hace unos días que no obedecerán esta norma que busca 'inhibir a millones de personas en Nicaragua' que piden sanciones contra el gobierno de Ortega por presuntas violaciones contra los derechos humanos.
El politólogo José Peraza dijo a la AFP que con esas leyes lo que Ortega 'está haciendo es debilitando desde sus cimientos a la oposición' y a todo posible candidato que sea un peligro para sus aspiraciones de reelegirse 'lo va a inhibir y a eliminar políticamente'.
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'Ortega va a escoger al candidato con el que se va a enfrentar (...), uno que sea medianamente potable, creíble, para decir yo gané limpiamente', opinó.
La opositora Álvarez, recordó que 'no es la primera vez que Ortega manipula las leyes para mantenerse en el poder', como hizo cuando eliminó el artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial consecutiva y establecía un segundo período de forma alterna por una sola vez.
