El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó este lunes su consternación con la imagen de su país por la divulgación de los 'Panama Papers', que revelaron cómo una firma de ese país creó empresas en paraísos fiscales para personalidades mundiales.
'Estamos aquí dispuestos a cooperar con cualquier gobierno y con cualquier investigación. Lo que vamos a defender es la imagen de nuestro país', dijo Varela a periodistas sobre la filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca.
'Damos la bienvenida a cualquier publicación o a cualquier investigación que proteja el sistema financiero de Panamá y el mundo para que no pueda ser usado en algún momento para ningún acto ilícito', añadió el mandatario.
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Horas antes, la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, escribía en Twitter desde Roma que lamentaba todas estas publicaciones que afectan la imagen de Panamá y reiteró que su gobierno ha tomado 'medidas drásticas' para combatir el blanqueo de capitales.
- Gabinete cerrado -
Entre tanto, la sede la firma de abogados en el foco del escándalo mundial que ha salpicado a personalidades por crear sociedades fantasma para evadir impuestos, amaneció este lunes cerrada para la prensa.
Un pequeño grupo de guardias privados contenían a un creciente pelotón de reporteros en busca de reacciones de algún miembro del gabinete de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
'No habrá entrevistas. Mandaremos una nota aclaratoria', dijo tajante a la AFP una voz femenina tras llamar por teléfono a la sede y preguntar por alguno de los responsables de la oficina en el distrito bancario de la capital panameña.
La filtración de documentos de ese gabinete de abogados reveló operaciones de personalidades como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el entorno cercano al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, el exjefe de la UEFA Michel Platini, el astro argentino Lionel Messi y el director de cine español Pedro Almodóvar, entre otros muchos.
El domingo, el director y miembro fundador de la firma, Ramón Fonseca Mora, manifestó a la AFP que estas publicaciones eran 'un crimen', 'un delito' y un 'ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas'.
Un comunicado de la firma divulgado el lunes destacó que 'nada de lo que hemos visto en estos documentos obtenidos ilegalmente sugiere que hemos cometido alguna ilegalidad, y eso está acorde con la reputación global que hemos construido los últimos 40 años haciendo negocios de la manera correcta'.
Adelantó que 'a nadie le gusta que le roben su propiedad y haremos lo que podamos para asegurar que los culpables sean llevados a la justicia'.
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- Medidas de combate -
Panamá puso en vigencia en enero una reforma legal para limitar el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas y creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas como zonas francas, casinos, bienes raíces, construcción, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notarías.
Esas reformas permitieron a Panamá salir de una lista gris de blanqueo internacional, pero la falta de celeridad para levantar el secreto bancario y el intercambio automático de información ha provocado que se mantenga en la mira de Europa y Estados Unidos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acusa a Panamá de no estar comprometido con el intercambio automático de información financiera.
'Los Panama Papers han sacado a la luz la cultura y práctica panameña del secreto (bancario). Panamá es el último gran reducto que sigue permitiendo ocultar fondos offshore' para no pagar impuestos, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria
El domingo, el jefe de política tributaria de de la OCDE, Pascal Saint-Amans, manifestó que 'Panamá se ha convertido en el lugar más opaco de la Tierra'.
El gobierno panameño ha manifestado que accede al intercambio de información fiscal, pero con un modelo propio, bilateral y con garantías de confidencialidad para proteger su centro bancario, que aporta más de 7% al Producto Interior Bruto (PIB) del país.
'Nosotros lo vemos como un ataque a todo nuestro sistema de servicios, como un asunto relacionado con estos organismos internacionales que quieren que Panamá no siga prestando estos servicios', manifestó a la AFP José Álavarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados.