La delicada situación judicial de la expresidenta argentina Cristina Fernández se complicó el martes luego de que un juez la procesó por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
El juez federal Julián Ercolini también dispuso el procesamiento por los mismos delitos del exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.
El Centro de Información Judicial reprodujo en su página de internet el dictamen del magistrado en el que también ordenó un embargo sobre los bienes de cada uno de los acusados de 10.000 millones de pesos (unos 633 millones de dólares). Los procesamientos no contemplan la prisión preventiva y pueden ser apelados.
El juez dijo en su fallo que 'se encuentra acreditado' que la exmandataria y los exfuncionarios 'habrían formado parte de una asociación' que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 'destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz' en el sur argentino.
La asociación ilícita prevé una pena de hasta 10 años de prisión y la administración fraudulenta hasta seis años.
En mayo de 2003 asumió como presidente Néstor Kirchner, fallecido marido y antecesor de Fernández. Durante su mandato De Vido y López ocuparon los cargos de ministro de Planificación Federal y secretario de Obras Públicas, respectivamente, que luego renovaron durante la gestión de Fernández (2007-2015).
Ercolini consideró que los acusados habrían violado el 'deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad' con el aparente fin de 'procurar un lucro indebido propio o de terceros', en este caso de Báez.
'Se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Antonio Báez por sumas mayores en promedio al 15% del valor del presupuesto original', afirmó el magistrado.
El monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas a Báez asciende a 46.000 millones de pesos (unos 2.911 millones de dólares), según el fallo.
Ercolini pidió al Banco Central que inmovilice y congele las cuentas bancarias que tengan a su nombre los procesados con excepción de aquellas en las que se depositan sus sueldos o jubilaciones.
Entre otras personas, el juez también procesó por los mismo cargos a Carlos Kirchner, primo del expresidente y quien trabajó en el Ministerio de Planificación.
Fernández, quien se encuentra en la provincia de Santa Cruz donde reside habitualmente, no ha hecho declaraciones sobre la decisión judicial.
Su abogado, Gregorio Dalbón, dijo en su cuenta de Twitter que 'no sorprende (la medida). Se apela. La causa no existe'.
La expresidenta peronista sostiene que desde que dejó el poder en diciembre de 2015 es víctima de una persecución por parte de jueces que responden a las órdenes de su sucesor, el conservador Mauricio Macri.
Al declarar recientemente por escrito ante Ercolini, sostuvo que no es socia comercial de Báez y negó las acusaciones en su contra.
Afirmó que la obra pública requiere de la aprobación del Parlamento y pidió que se realice una auditoría completa de los contratos de adjudicación de obras públicas durante sus dos mandatos.
El cerco judicial sobre la exmandataria se ha estrechado en los últimos meses.
En mayo fue procesada por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron un perjuicio económico al Estado y está acusada de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
En tanto, De Vido irá a juicio oral como presunto responsable del choque en 2012 de un tren en el que murieron 51 personas.
Por su parte, López está preso por supuesto enriquecimiento ilícito tras ser sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con varios millones de dólares en un monasterio y Báez tiene prisión preventiva en una causa por presunto lavado de dinero.
