Managua, Nicaragua
Tras 26 años de ' correctas' relaciones, Estados Unidos y Nicaragua reviven el fantasma de la tensión a raíz de una iniciativa de congresistas estadounidenses que condicionaría el crédito internacional al país centroamericano a elecciones transparentes y supervisadas en los comicios del 6 de noviembre.
La denominada ley ' NICA Act' (Condicionalidad a las Inversiones Nicaraguenses), aprobada el pasado 21 de septiembre por la Cámara de Representantes, busca impedir que Nicaragua tenga acceso a fondos internacionales hasta que promueva reformas democráticas, que garanticen elecciones libres y supervisadas por observadores externos.
La iniciativa ha sido calificada como 'injerencista' por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien busca reelegirse para un tercer mandato consecutivo en los comicios de noviembre próximo.
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre (1998-2001) dijo a la AFP que desde el retorno de Ortega al poder, en 2007, las relaciones con Washington 'han sido correctas aunque no cordiales', pero que tras la decisión del Congreso norteamericano 'se han tornado frías'.
'Hay una inquietud muy grande en los Estados Unidos y están muy molestos con lo que ellos ven como un retroceso en la gobernabilidad política (...) y para recomponer esas relaciones no basta con tomar ciertas medidas cosméticas', sostuvo Aguirre.
La embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, en declaraciones a un año de su gestión, manifestó que 'muchos en Washington se encuentran preocupados sobre el estado de la democracia en Nicaragua'.
Dogu advirtió que de aprobarse la Nica Act, instruiría al gobierno estadounidense a oponerse a cualquier préstamo a Nicaragua 'a menos que el gobierno tome medidas efectivas para fortalecer la democracia'.
Presiones en Washington
Estados Unidos no ve con buenos ojos el rechazo de Nicaragua a la observación electoral, la exclusión de la contienda de la coalición opositora con más caudal de votos y la destitución de 28 diputados que desconocieron sentencias judiciales que destituyaron la dirigencia del Partido Liberal Independiente (PLI) para dar su mando a un político a fin al oficialismo.
Tras la aprobación del NICA Act en la cámara baja, los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz enviaron una carta al secretario de Estado John Kerry, en la que piden aumentar las presiones sobre Managua.
Los senadores acusan a Ortega de violar la Constitución, dañar el proceso electoral, no respetar los derechos humanos y permitir que la corrupción crezca sin control.
La misiva, que fue reproducida por medios de comunicación en Nicaragua, recuerda además que el gobierno nicaraguense detuvo y expulsó en junio pasado a tres funcionarios del gobierno estadounidense, lo que causó una lesión a las relaciones bilaterales.
El gobierno nicaragüense rechazó en un comunicado las presiones y consideró que 'son parte de las históricas políticas injerencistas, que se practican con mayor intensidad particularmente durante los periodos electorales'.
El proyecto de ley 'es algo que en esta época da vergüenza, estamos en el siglo XXI, algunos señores piensan que pueden hacer con los países lo que hacían hace 100 o 150 años', declaró a la prensa el vicepresidente Omar Hallesleven.
Reformas necesarias
De ser aprobadas por el Congreso y refrendadas por el presidente Barack Obama, las sanciones impedirían a Nicaragua recibir financiamiento de organismos multilaterales por unos 250 millones de dólares anuales, que representan 40% de la inversión pública del país.
La pérdida de tales recursos frenaría el crecimiento económico del país y lo reduciría de entre 4,5% y 5% en los últimos años, a 2%, consideró Aguirre.
El exdiplomático estimó que la solución a este desencuentro con Estados Unidos no es suspender el actual proceso electoral, como piensan algunos opositores, sino 'volver a la democracia representativa y un elemento clave es que haya elecciones transparentes y justas'.
'Estamos hablando que haya acceso al proceso electoral de partidos que han perdido su personalidad jurídica, de la transformación de toda la estructura del poder electoral porque no goza de la confianza en Nicaragua ni a nivel internacional', mencionó.
Arturo Cruz, exembajador en Washington (2007-2008), dijo a un programa televisivo que 'se cometería un error' si Ortega limita sus relaciones con Washington a una agenda de geopolítica, estabilidad económica, lucha contra narcotráfico y migración 'y no toma alguna iniciativa que tenga que ver con la liturgia electoral'.
El sociólogo Oscar René Vargas comentó en sus redes sociales que el país está frente a un proceso similar al de los años 1980, de confrontación con Estados Unidos y, según él, 'Ortega tiene la pelota en la mano' y debe tomar decisiones ahora antes de que el conflicto siga creciendo.
Tras 26 años de ' correctas' relaciones, Estados Unidos y Nicaragua reviven el fantasma de la tensión a raíz de una iniciativa de congresistas estadounidenses que condicionaría el crédito internacional al país centroamericano a elecciones transparentes y supervisadas en los comicios del 6 de noviembre.
La denominada ley ' NICA Act' (Condicionalidad a las Inversiones Nicaraguenses), aprobada el pasado 21 de septiembre por la Cámara de Representantes, busca impedir que Nicaragua tenga acceso a fondos internacionales hasta que promueva reformas democráticas, que garanticen elecciones libres y supervisadas por observadores externos.
La iniciativa ha sido calificada como 'injerencista' por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien busca reelegirse para un tercer mandato consecutivo en los comicios de noviembre próximo.
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre (1998-2001) dijo a la AFP que desde el retorno de Ortega al poder, en 2007, las relaciones con Washington 'han sido correctas aunque no cordiales', pero que tras la decisión del Congreso norteamericano 'se han tornado frías'.
'Hay una inquietud muy grande en los Estados Unidos y están muy molestos con lo que ellos ven como un retroceso en la gobernabilidad política (...) y para recomponer esas relaciones no basta con tomar ciertas medidas cosméticas', sostuvo Aguirre.
La embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, en declaraciones a un año de su gestión, manifestó que 'muchos en Washington se encuentran preocupados sobre el estado de la democracia en Nicaragua'.
Dogu advirtió que de aprobarse la Nica Act, instruiría al gobierno estadounidense a oponerse a cualquier préstamo a Nicaragua 'a menos que el gobierno tome medidas efectivas para fortalecer la democracia'.
Presiones en Washington
Estados Unidos no ve con buenos ojos el rechazo de Nicaragua a la observación electoral, la exclusión de la contienda de la coalición opositora con más caudal de votos y la destitución de 28 diputados que desconocieron sentencias judiciales que destituyaron la dirigencia del Partido Liberal Independiente (PLI) para dar su mando a un político a fin al oficialismo.
Tras la aprobación del NICA Act en la cámara baja, los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz enviaron una carta al secretario de Estado John Kerry, en la que piden aumentar las presiones sobre Managua.
Los senadores acusan a Ortega de violar la Constitución, dañar el proceso electoral, no respetar los derechos humanos y permitir que la corrupción crezca sin control.
La misiva, que fue reproducida por medios de comunicación en Nicaragua, recuerda además que el gobierno nicaraguense detuvo y expulsó en junio pasado a tres funcionarios del gobierno estadounidense, lo que causó una lesión a las relaciones bilaterales.
El gobierno nicaragüense rechazó en un comunicado las presiones y consideró que 'son parte de las históricas políticas injerencistas, que se practican con mayor intensidad particularmente durante los periodos electorales'.
El proyecto de ley 'es algo que en esta época da vergüenza, estamos en el siglo XXI, algunos señores piensan que pueden hacer con los países lo que hacían hace 100 o 150 años', declaró a la prensa el vicepresidente Omar Hallesleven.
Reformas necesarias
De ser aprobadas por el Congreso y refrendadas por el presidente Barack Obama, las sanciones impedirían a Nicaragua recibir financiamiento de organismos multilaterales por unos 250 millones de dólares anuales, que representan 40% de la inversión pública del país.
La pérdida de tales recursos frenaría el crecimiento económico del país y lo reduciría de entre 4,5% y 5% en los últimos años, a 2%, consideró Aguirre.
El exdiplomático estimó que la solución a este desencuentro con Estados Unidos no es suspender el actual proceso electoral, como piensan algunos opositores, sino 'volver a la democracia representativa y un elemento clave es que haya elecciones transparentes y justas'.
'Estamos hablando que haya acceso al proceso electoral de partidos que han perdido su personalidad jurídica, de la transformación de toda la estructura del poder electoral porque no goza de la confianza en Nicaragua ni a nivel internacional', mencionó.
Arturo Cruz, exembajador en Washington (2007-2008), dijo a un programa televisivo que 'se cometería un error' si Ortega limita sus relaciones con Washington a una agenda de geopolítica, estabilidad económica, lucha contra narcotráfico y migración 'y no toma alguna iniciativa que tenga que ver con la liturgia electoral'.
El sociólogo Oscar René Vargas comentó en sus redes sociales que el país está frente a un proceso similar al de los años 1980, de confrontación con Estados Unidos y, según él, 'Ortega tiene la pelota en la mano' y debe tomar decisiones ahora antes de que el conflicto siga creciendo.
