Fue una de las primeras confrontaciones armadas en los cientos de bloqueos carreteros que se han instalado en diversas partes del país para evitar la propagación del coronavirus.
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Un hombre resultó herido de gravedad el domingo cuando policías del poblado de Yajalón le dispararon a manifestantes de la localidad vecina de Tumbalá, informaron fiscales del estado de Chiapas, en el sur del país. El hombre fue baleado en la espalda y el pecho y se encuentra hospitalizado. Dos vehículos resultaron dañados.
Según la fiscalía, los manifestantes se reunieron en un retén de revisión médica en camino a Yajalón y comenzaron a arrojar piedras. Los activistas indicaron que el retén, cuyo objetivo era disminuir el tránsito, había dejado a Tumbalá sin servicios, que sólo están disponibles de manera local en Yajalón.
La fiscalía informó que presentaría cargos por intento de homicidio contra cualquier servidor público responsable del tiroteo, y acusaciones de agresión y asociación delictuosa contra algunos manifestantes. Dos agentes sufrieron heridas leves durante la confrontación.
El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa dijo que miembros de la comunidad indígena chol de Tumbalá, particularmente en la aldea de Hidalgo Joshil, tienen poco acceso a servicios necesarios después de que las comunidades vecinas levantaron retenes o puntos de revisión.
“El gobierno de Chiapas y la Secretaría de Salud provocaron estos sucesos al establecer un cerco ilegal en el municipio de Tumbalá por brote de COVID-19, y permitiendo que alcaldes de Tila, Tumbalá y Yajalón establecieran cercos y limitaciones de derechos”, informó la comisión. “En Yajalón, además de la delegación de gobierno están las sucursales bancarias a donde comunidades indígenas llegan a realizar sus transacciones, porque en Tumbalá no hay bancos”.
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Los retenes supuestamente han impedido que los residentes de Tumbalá ingresen a otras localidades, aparentemente por la creencia de que en Tumbalá hay una mayor tasa de contagios.
La Secretaría de Gobernación instó el martes a las localidades y estados a dejar de instalar bloqueos y toques de queda para contener la propagación del coronavirus. Indicó que dichas medidas violan derechos constitucionales como el derecho al libre tránsito, y argumentó que los gobiernos locales no tienen la autoridad para ejercer estas acciones.
En un reporte, la dependencia señaló que casi el 20% de los gobiernos municipales del país, unos 340, han instalado puntos de revisión o filtros para limitar el desplazamiento de las personas. La mayoría se concentran en las costas del país, donde muchas localidades intentan impedir la llegada de viajeros.
México tiene alrededor de 17.800 casos confirmados de COVID-19 y unos 1.732 decesos.
