Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), un funcionario reconocido por su combate a la corrupción y que había sido elogiado dentro y fuera del país, fue removido del cargo hace unos días, lo cual desató críticas y que el gobierno de Estados Unidos suspendiera la cooperación con el Ministerio Público.
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Al canto del himno nacional, unas 10 mil personas bloquearon desde las seis de la mañana una de las principales carreteras en Cuatro Caminos, al occidente de Guatemala, que conecta varios departamentos.
Martín Toc, líder de los 48 cantones, la organización indígena más organizada y grande del país, preguntó a sus miembros “¿Qué es lo que pide el pueblo?' a lo que protestantes respondieron “Que renuncien”. 'Escuchen la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios”, dijo Toc.
Más tarde, frente a casa presidencial en la capital, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, (CUC) afirmó que se tenía registro de que había más de 90 puntos del territorio donde hay concentraciones.
Las protestas se han extendido en casi todos los 22 departamentos.
Laura Aguiar, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio de León, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dijo que son los pueblos los únicos que evidencian y señalan la corrupción en el país.
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Cámara empresariales rechazaron los bloqueos y dijeron que son ilegales.
La fiscalía aseguró que el organismo “respeta el derecho de manifestación y el derecho de libertad de expresión, base fundamental de un Estado de Derecho y la democracia”.
Organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, de profesionales, pequeños comercios y mercados participan en el paro contra Porras y Giammattei. Grupos de migrantes en Estados Unidos anunciaron protestas frente a sedes diplomáticas guatemaltecas.
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes que suspendía temporalmente la cooperación con la fiscalía, pues había perdido la confianza en Porras por destituir a Sandoval, a quién a principio de año el Departamento de Estado estadounidense premió por su lucha anticorrupción. Tras el despido, Porras asignó a Carla Valenzuela, una fiscal de su confianza para dirigir la FECI.
El jueves el presidente Giammattei dijo que “resulta contraproducente” la suspensión de la cooperación porque afecta los objeticos comunes como la lucha contra el crimen organizado y la corrupción y que estaba “preocupado” por cómo esto afectaría el trabajo. Agregó que pidió al Ministro de Finanzas buscar apoyo presupuestario y ordenó a su canciller pedirle apoyo a “países amigos”.
Once diputados opositores enviaron una carta a Porras pidiéndole su renuncia. “Causa rechazo total e indignación profunda la abrupta, ilegal y arbitraria destitución del fiscal especial Juan Francisco Sandoval”. “Usted ya no es ni independiente ni idónea para seguir en el cargo”, dice la misiva.
Sandoval lideró un equipo de fiscales que desarticularon de más de 60 estructuras del crimen.
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La FECI trabajó al lado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) un órgano financiado por Naciones Unidas, logrando incluso llevar ante la justicia al expresidente Otto Pérez Molina y parte de su gabinete, quienes se encuentran en prisión acusados de corrupción. La CICIG llegó a su fin en 2019 cuando el gobierno guatemalteco se negó a renovar su mandato, luego de que la comisión inició investigaciones contra el entonces presidente Jimmy Morales.
Sandoval dijo a periodistas que cuando empezó a profundizar en denuncias que señalaban al actual presidente Giammattei por presuntos actos de corrupción, empezaron a intensificarse los bloqueos a investigaciones. El mandatario ha dicho públicamente que es amigo de la jefa del Ministerio Público.
Porras y Giammattei han negado los hechos. Porras dijo que destituía a Sandoval por vejámenes y faltas de respeto, sin presentar evidencias ni explicar exactamente a qué se refería. Días después dijo que Sandoval realizaba una justicia selectiva e ideologizada.
Otro de los reclamos de la población es la falta de vacunación y el negoció para la compra de vacunas contra Covid-19 Sputnik V por parte del gobierno, que pagó a un fondo ruso casi 80 millones de dólares en abril pasado, y sólo llegaron poco menos de 1 millón de dosis.
