Agentes federales de Estados Unidos engañaron a policías locales en California para que los ayudaran a realizar detenciones de inmigración durante una redada contra una pandilla originaria de El Salvador, acusaron un jefe policial y la alcaldesa de Santa Cruz.
La población californiana es una de las llamadas ciudades santuario, que prohíben que sus policías cooperen con las autoridades federales que investigan violaciones migratorias.
Los funcionarios federales de inmigración rechazaron duramente los señalamientos de que engañaron al departamento de policía de Santa Cruz. También negaron que sus planes o acciones hayan tenido algo que ver con el enfoque agresivo contra la inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.
'Trabajamos en estrecha colaboración con la Policía de Santa Cruz durante los últimos cinco años en este caso', aseguró el portavoz de la oficina de campo en San Francisco del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), James Schwab, en respuesta a las declaraciones del Departamento de Policía de la ciudad californiana.
'Las denuncias de que la agencia planeó secretamente una acción de inmigración con la esperanza de que habría un nuevo liderazgo político que permitiera que se llevara a cabo una supuesta operación 'secreta' son completamente falsas, imprudentes y preocupantes', dijo Schwab en un comunicado.
El jefe de la policía de Santa Cruz, Kevin Vogel, y el jefe asistente Dan Flippo dijeron el jueves en una rueda de prensa que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional mintieron cuando les aseguraron que un operativo conjunto del 13 de febrero en la región no incluiría detenciones relacionadas con cuestiones de inmigración durante las redadas de pandilleros.
Flippo agregó que no supo que se habían realizado un 'cierto número' de arrestos de inmigración hasta el día siguiente, cuando decenas de manifestantes interrumpieron una reunión del Concejo Municipal de Santa Cruz para manifestar su descontento.
Policías de Santa Cruz y agentes de inmigración arrestaron a 10 personas presuntamente relacionadas con la pandilla MS-13, también conocida como la Mara Salvatrucha. Siete de ellos fueron acusados de extorsión y tres de tráfico de drogas. Algunos de los detenidos han sido vinculados con cuatro homicidios en Santa Cruz, de acuerdo con Vogel.
El jefe policial añadió que su departamento ha dejado de confiar en el Departamento de Seguridad Nacional y ya no colaborará con la agencia. 'No podemos cooperar con una agencia del orden público en que no podamos confiar', detalló Vogel.
Flippo dijo que las detenciones relacionadas con la pandilla fueron la culminación de una pesquisa de cinco años iniciada cuando un vecino de Santa Cruz llamó a la policía para alertar de miembros de pandillas que extorsionaban a negocios locales. Flippo informó que su departamento había pedido ayuda a Seguridad Nacional por la notoriedad y alcance global de la banda. Las redadas se hicieron el 13 de febrero porque parecía que los pandilleros preparaban un asesinato, informó.
Sin embargo, el jefe asistente informó que todo indica que al menos 10 personas más a las que los agentes hallaron en la decena de viviendas revisadas en la redada del 13 de febrero fueron arrestadas bajo cargos de inmigración. Flippo explicó que aparentemente la mayoría de ellas fue liberada poco después, una vez que se les ordenó portar un dispositivo de geolocalización y se les asignó una fecha para presentarse ante una corte de inmigración.
El portavoz federal admitió que 11 personas habían sido detenidas por delitos de inmigración, pero que la policía había aceptado antes de la redada que algunos ciudadanos extranjeros podrían ser retenidos brevemente hasta que se determinaran sus identidades e historiales. Schwab dijo que eso era exactamente lo que ocurrió y que 10 de los 11 inmigrantes fueron liberados. Uno de ellos permanecía bajo custodia por su historial delictivo y posibles lazos con la investigación sobre las pandillas.
La alcaldesa de Santa Cruz, Cynthia Chase, dijo sentirse 'profundamente afectada y molesta. Estoy indignada'.
El jefe de policía y la regidora se disculparon ante los residentes de la ciudad por haber incumplido desde el desconocimiento la política de santuario de la ciudad.
El presidente Donald Trump amenazó en enero con retener los fondos federales a unas 400 localidades de todo el país que han adoptado políticas similares.
Sin embargo, las autoridades federales también negaron que el nuevo gobierno tuviera nada que ver con sus planes o acciones.
Ryan L. Spradlin, agente especial a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional en San Francisco, dijo que 'es desafortunado cuando la política se entrelaza con una operación de seguridad pública bien planificada y ejecutada'.
