SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente
Donald Trump comenzará a obligar el viernes a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son procesados en los tribunales de
Estados Unidos, informó el jueves un funcionario.
Se tiene previsto que los cambios se implementen primero en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, de acuerdo con un funcionario que tiene conocimiento del plan pero que habló a condición de guardar el anonimato debido a que todavía no es definitivo.
San Ysidro es el cruce más transitado del país y el sitio elegido por los solicitantes de asilo que llegaron en noviembre a Tijuana, en México, como parte de una caravana de más de 6,000 personas, en su mayoría centroamericanos.
La política podría aplicarse en otros cruces y se prevé que sea impugnada. No aplica en el caso de los niños que viajan sin compañía de un adulto o de los solicitantes de asilo mexicanos.
El plan casi finalizado surgió durante negociaciones bilaterales en la Ciudad de México realizadas en los últimos días, y estipula que las autoridades estadounidenses llevarán a los solicitantes de asilo en autobuses de ida y vuelta de la frontera a las audiencias judiciales en el centro de San Diego, incluida una comparecencia inicial dentro de 45 días.
El gobierno de Trump no hará ningún arreglo para que los solicitantes consulten a los abogados, quienes podrían visitar a sus clientes en Tijuana o hablar con ellos vía telefónica.
Las autoridades estadounidenses comenzarán a procesar solo unas 20 solicitudes de asilo por día en el cruce fronterizo de San Diego, pero planean aumentar el número hasta superar la cantidad que procesan actualmente, que es de hasta 100 por día, agregó el funcionario.
La medida podría exigir al máximo los recursos de las ciudades fronterizas mexicanas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos dieron curso a 92.959 entrevistas de “temor creíble” _el primer paso para el asilo en el que una persona explica por qué teme regresar a su país de origen_ durante un periodo reciente de 12 meses, lo que representó un aumento del 67% respecto al año previo.
Aunque los cruces ilegales a Estados Unidos desde México se encuentran en niveles históricamente bajos, ha habido un incremento en las solicitudes de asilo, en especial de familias centroamericanas. Debido a la falta de espacio y a un límite judicial de 20 días para mantener detenidos a niños, normalmente son puestas en libertad con un aviso para que se presenten ante una corte de migración. Como hay un retraso de más de 800,000 casos, eso puede llevar años.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la política “reducirá la cantidad de extranjeros que se aprovechan de las leyes de Estados Unidos y desalentará las solicitudes falsas de asilo”, a la vez que ya no permitiría que los que piden asilo “desaparezcan en el interior de Estados Unidos antes de que un tribunal emita una orden final”.
No está claro si los centroamericanos se desalentarán de solicitar asilo en Estados Unidos si tienen que aguardar en Tijuana, una ciudad boyante con abundantes ofertas de trabajo. Sin embargo, los salarios están lejos de ser iguales a los que hay en Estados Unidos, y en general los solicitantes de asilo cuentan con menos vínculos familiares allí que los que tienen en territorio estadounidense.
La política para hacerlos esperar en México es la medida más reciente de Trump para reformar la política migratoria, aunque podría ser temporal. Otros cambios significativos han sido bloqueados por las cortes, incluido uno que prohibía brindar asilo a las personas que cruzaran la frontera de forma ilegal desde México y descartar la violencia doméstica y de pandillas como argumento válido para otorgar asilo.
Es también una prueba a las relaciones entre dos presidentes de corte populista, Trump y Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de México el 1 de diciembre. México ha rechazado firmemente la exigencia de Trump de que pague la construcción de un muro fronterizo, por lo que éste se ha visto obligado a pedirle al Congreso 5.700 millones de dólares que los legisladores se negaron a otorgarle, lo que derivó en un impasse que mantiene cerrado el gobierno desde hace más de un mes.
Las autoridades mexicanas no han respondido a una solicitud de comentarios el jueves.
Roberto Velásquez, portavoz del secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, hizo énfasis a principios de la semana en que no habrá un acuerdo bilateral y que México estaba respondiendo a una medida unilateral de Estados Unidos. Dijo en una entrevista que las conversaciones sobre “una gama de temas muy amplia” tienen como fin preparar a México para el cambio.
Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, trabajó en el plan durante meses con funcionarios mexicanos, y esbozos muy generales fueron expuestos en una reunión en noviembre.
México indicó el mes pasado que las personas que pretendan obtener asilo en Estados Unidos recibirían visas humanitarias temporales mientras sus casos se resuelven en territorio estadounidense, lo cual puede demorarse años, y podrían solicitar permiso para trabajar en México.
En esa época, las autoridades mexicanas dijeron que se coordinarían con Washington para definir la mecánica de la política, la cual aseguraría que los migrantes tengan acceso a información y a servicios jurídicos. Ebrard dijo el 24 de diciembre que quería más datos para asegurar protocolos “ordenados y seguros”.
Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos del plantel de la Universidad de California en San Diego, dijo la semana pasada que México no había sopesado a fondo el impacto que la medida tendrá en las poblaciones fronterizas mexicanas.
“Esto podría tener repercusiones duraderas para las ciudades fronterizas mexicanas”, afirmó Fernández de Castro. “Tenemos que evaluar las cifras potenciales y cómo ayudarlos a mantenerse saludables. No tenemos esa evaluación”.
Se tiene previsto que los cambios se implementen primero en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, de acuerdo con un funcionario que tiene conocimiento del plan pero que habló a condición de guardar el anonimato debido a que todavía no es definitivo.
San Ysidro es el cruce más transitado del país y el sitio elegido por los solicitantes de asilo que llegaron en noviembre a Tijuana, en México, como parte de una caravana de más de 6,000 personas, en su mayoría centroamericanos.
La política podría aplicarse en otros cruces y se prevé que sea impugnada. No aplica en el caso de los niños que viajan sin compañía de un adulto o de los solicitantes de asilo mexicanos.
El plan casi finalizado surgió durante negociaciones bilaterales en la Ciudad de México realizadas en los últimos días, y estipula que las autoridades estadounidenses llevarán a los solicitantes de asilo en autobuses de ida y vuelta de la frontera a las audiencias judiciales en el centro de San Diego, incluida una comparecencia inicial dentro de 45 días.
El gobierno de Trump no hará ningún arreglo para que los solicitantes consulten a los abogados, quienes podrían visitar a sus clientes en Tijuana o hablar con ellos vía telefónica.
Las autoridades estadounidenses comenzarán a procesar solo unas 20 solicitudes de asilo por día en el cruce fronterizo de San Diego, pero planean aumentar el número hasta superar la cantidad que procesan actualmente, que es de hasta 100 por día, agregó el funcionario.
La medida podría exigir al máximo los recursos de las ciudades fronterizas mexicanas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos dieron curso a 92.959 entrevistas de “temor creíble” _el primer paso para el asilo en el que una persona explica por qué teme regresar a su país de origen_ durante un periodo reciente de 12 meses, lo que representó un aumento del 67% respecto al año previo.
Aunque los cruces ilegales a Estados Unidos desde México se encuentran en niveles históricamente bajos, ha habido un incremento en las solicitudes de asilo, en especial de familias centroamericanas. Debido a la falta de espacio y a un límite judicial de 20 días para mantener detenidos a niños, normalmente son puestas en libertad con un aviso para que se presenten ante una corte de migración. Como hay un retraso de más de 800,000 casos, eso puede llevar años.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la política “reducirá la cantidad de extranjeros que se aprovechan de las leyes de Estados Unidos y desalentará las solicitudes falsas de asilo”, a la vez que ya no permitiría que los que piden asilo “desaparezcan en el interior de Estados Unidos antes de que un tribunal emita una orden final”.
No está claro si los centroamericanos se desalentarán de solicitar asilo en Estados Unidos si tienen que aguardar en Tijuana, una ciudad boyante con abundantes ofertas de trabajo. Sin embargo, los salarios están lejos de ser iguales a los que hay en Estados Unidos, y en general los solicitantes de asilo cuentan con menos vínculos familiares allí que los que tienen en territorio estadounidense.
La política para hacerlos esperar en México es la medida más reciente de Trump para reformar la política migratoria, aunque podría ser temporal. Otros cambios significativos han sido bloqueados por las cortes, incluido uno que prohibía brindar asilo a las personas que cruzaran la frontera de forma ilegal desde México y descartar la violencia doméstica y de pandillas como argumento válido para otorgar asilo.
Es también una prueba a las relaciones entre dos presidentes de corte populista, Trump y Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de México el 1 de diciembre. México ha rechazado firmemente la exigencia de Trump de que pague la construcción de un muro fronterizo, por lo que éste se ha visto obligado a pedirle al Congreso 5.700 millones de dólares que los legisladores se negaron a otorgarle, lo que derivó en un impasse que mantiene cerrado el gobierno desde hace más de un mes.
Las autoridades mexicanas no han respondido a una solicitud de comentarios el jueves.
Roberto Velásquez, portavoz del secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, hizo énfasis a principios de la semana en que no habrá un acuerdo bilateral y que México estaba respondiendo a una medida unilateral de Estados Unidos. Dijo en una entrevista que las conversaciones sobre “una gama de temas muy amplia” tienen como fin preparar a México para el cambio.
Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, trabajó en el plan durante meses con funcionarios mexicanos, y esbozos muy generales fueron expuestos en una reunión en noviembre.
México indicó el mes pasado que las personas que pretendan obtener asilo en Estados Unidos recibirían visas humanitarias temporales mientras sus casos se resuelven en territorio estadounidense, lo cual puede demorarse años, y podrían solicitar permiso para trabajar en México.
En esa época, las autoridades mexicanas dijeron que se coordinarían con Washington para definir la mecánica de la política, la cual aseguraría que los migrantes tengan acceso a información y a servicios jurídicos. Ebrard dijo el 24 de diciembre que quería más datos para asegurar protocolos “ordenados y seguros”.
Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos del plantel de la Universidad de California en San Diego, dijo la semana pasada que México no había sopesado a fondo el impacto que la medida tendrá en las poblaciones fronterizas mexicanas.
“Esto podría tener repercusiones duraderas para las ciudades fronterizas mexicanas”, afirmó Fernández de Castro. “Tenemos que evaluar las cifras potenciales y cómo ayudarlos a mantenerse saludables. No tenemos esa evaluación”.
