Las pruebas, en documentos proporcionados a The Associated Press por una persona familiarizada con una investigación en curso sobre las ejecuciones extrajudiciales, aparecen en momentos en que el general Nicacio Martínez Espinel enfrenta una presión creciente para que renuncie a su cargo debido a las órdenes que dio a sus soldados este año para que intensificaran los ataques.
Algunos temen que éstas podrían allanar el camino para que se vuelvan a producir violaciones graves de los derechos humanos.
El ejército colombiano ha sido culpado de haber cometido hasta 5,000 ejecuciones extrajudiciales en el punto álgido del conflicto armado del país a mediados de la década del 2000, mientras que los soldados, sometidos a la presión de altos comandantes, inflaban el recuento de cadáveres, en algunos casos disfrazando a civiles de guerrilleros a cambio de un pago extra y otras gratificaciones.
Lo que se conoció como el escándalo de los 'falsos positivos' ha ensombrecido el historial de victorias en el campo de batalla logradas por el ejército, respaldado por Estados Unidos. Quince años después, ni un solo comandante de alta graduación ha sido responsabilizado por los asesinatos.
En febrero, Human Rights Watch criticó duramente el nombramiento de Martínez Espinel por parte del presidente Iván Duque, señalando que era el segundo al mando de la 10ª Brigada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 asesinatos ilegales.
El grupo de derechos reveló que el entonces coronel Martínez Espinel certificó los pagos a un informante que dio 'excelentes resultados' en una supuesta operación de combate en la que murieron una civil indígena y una niña de 13 años. Posteriormente, un tribunal condenó a dos soldados por raptarlos de su casa, asesinarlos y ponerles armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes.
En la época en que se difundió el informe, Martínez Espinel dijo que no tenía 'ni idea' de si había realizado los pagos. 'Dios y mis subalternos son los que saben cómo hemos actuado', afirmó.
Sin embargo, nuevos documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme sufrir represalias.
Algunas de las gratificaciones, que nunca excedieron los 500 dólares, fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales descubrieron que el beneficiario real fue el soldado Oscar Alfonso, quien luego fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en una tercera muerte de un civil no relacionado. Otro destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.
En otra incongruencia, Martínez Espinel avaló en dos ocasiones información que condujo a enfrentamientos que, según los mismos documentos, se produjeron días después. Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante anónimo y que llevaba la firma de Martínez Espinel. El pago se refería a un combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo _tres días después_, en el que murió un varón no identificado _'sin nombre'_ supuestamente en posesión de una granada y una pistola.
'Hace una década, soldados en toda Colombia atrajeron a civiles a lugares remotos bajo pretextos engañosos _como promesas de trabajo_, los asesinaron, les colocaron armas en sus cuerpos sin vida y luego los reportaron como combatientes enemigos muertos en acción', aseveró José Miguel Vivanco, director del programa para América de la organización Human Rights Watch. 'Uno no puede evitar preguntarse si alguna de las distinciones en sus uniformes, o los ascensos a lo largo de carreras 'exitosas', corresponde a los asesinatos de civiles inocentes cometidos hace más de una década'.
Martínez Espinel dijo en un comunicado que no enfrenta investigaciones penales ni disciplinarias. Afirmó que corresponde a las autoridades judiciales determinar el valor de los documentos que llevan su firma, pero que durante su estancia en la 10ª brigada no tuvo injerencia ni responsabilidad alguna en las operaciones de combate, sino que desempeñó un papel puramente administrativo.
“Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades”, afirmó.
Vivanco dijo que no sorprende que no se investigue Martínez, dada la actitud de las autoridades de hacer la vista gorda ante la responsabilidad de los altos mandos en la ola de asesinatos. Aunque los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados de baja graduación por su papel en los asesinatos de 'falsos positivos', hasta ahora no se ha condenado a un solo general y sólo a un puñado de coroneles. Según el derecho internacional, los comandantes pueden ser considerados responsables de crímenes cometidos por subordinados de los que tenían conocimiento o deberían haber tenido conocimiento.
Ahora hay informaciones de que Martínez Espinel, como jefe del ejército, está tratando de restablecer las políticas que, según los críticos, condujeron a las ejecuciones.
El diario The New York Times informó recientemente que Martínez Espinel ordenó a sus soldados que duplicaran el número de guerrilleros izquierdistas y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate. Las nuevas directrices, elaboradas por escrito al inicio del mandato de Martínez Espinel como jefe del ejército en enero, suscitaron preocupación entre los oficiales no identificados citados por el Times por el mayor riesgo de que se produjeran bajas entre la población civil.
Los opositores a Duque han pedido la dimisión de Martínez Espinel, señalando una serie de asesinatos y encubrimientos sospechosos por parte de soldados este año, coincidiendo con las nuevas órdenes. No obstante, hasta ahora, el mandatario conservador ha apoyado al comandante incluso mientras intentaba contener los daños.
“La instrucción ha sido cero tolerancia con cualquier conducta que sea violatoria de la ley y de la Constitución, cero tolerancia con cualquier circunstancia que deshonre el uniforme de la patria”, afirmó Duque horas después de que el informe del Times causara conmoción en las fuerzas armadas, una de las instituciones más respetadas de Colombia.
Mientras tanto, en respuesta al artículo del Times, las fuerzas armadas revocaron parte de la polémica política que exigía que los comandantes de campo se comprometieran por escrito a duplicar sus resultados operativos contra las bandas criminales y los rebeldes que han llenado el vacío dejado por un acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.
Sin embargo, no cambiaron las órdenes que ordenan a los oficiales a no 'exigir perfección' de las fuentes, diciendo que los ataques a objetivos militares deben lanzarse cuando haya una 'credibilidad del 60 al 70%' sobre la veracidad de la información.
El viernes, Duque anunció la creación de un panel de expertos que evalúe todos los protocolos y manuales militares para asegurarse de que están de acuerdo con el compromiso del gobierno de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
