Chile: “Te dan cinco trozos de hueso y se supone que ese es tu padre”

Santiago de Chile. Treinta y seis años después de la desaparición de Fernando Ortiz, su familia finalmente recibió sus restos: cinco fragmentos de hueso en una caja.

Ortiz, un profesor de 50 años, fue secuestrado en 1976 durante la dictadura del General Augusto Pinochet, detenido junto con otros líderes comunistas en Chile y enviado a un centro de tortura tan secreto que nadie supo de su existencia durante 30 años. Nadie salió con vida del sitio negro que lleva el nombre de la calle en la que se encontraba: Simón Bolívar. Era poco más que una casa en una zona rural al este de la Capital operada por la agencia de inteligencia del régimen, la DINA.

Ortíz fue una de las mil 469 personas que desaparecieron bajo el régimen militar de Chile entre 1973 y 1990. Sólo 307 de ellas han sido encontradas e identificadas.

Ahora, 50 años después del golpe que instaló la dictadura de 17 años que encarceló, torturó y mató a miles de sus opositores, Chile ha promulgado un plan para localizar a los desaparecidos.

“La justicia ha tardado demasiado”, dijo el Presidente Gabriel Boric de Chile durante una ceremonia el 30 de agosto. “Es un deber para con la sociedad en su conjunto brindar las respuestas que el País merece y necesita”.

La medida marca la primera vez que el Gobierno intenta encontrar a los desaparecidos —un esfuerzo que hasta ahora ha recaído en gran medida en los familiares sobrevivientes, principalmente mujeres, que protestaron y llevaron sus casos a los tribunales.

“El Estado se los llevó, y es el Estado el que tiene que ser responsable de la reparación, la justicia y mantener la búsqueda”, dijo Luis Cordero, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Dos tíos abuelos de Cordero fueron secuestrados en 1973 y nunca fueron encontrados.

Otros países sudamericanos bajo gobiernos militares en las décadas de 1970 y 1980 han tenido resultados encontrados en materia de recuperar los restos de sus desaparecidos. Equipos forenses de Argentina recuperaron más de mil 400 cadáveres e identificaron 800 de ellos. En Brasil, los esfuerzos por encontrar a 210 personas han tenido escasos resultados. La agencia paraguaya encargada de encontrar a sus 336 desaparecidos ha encontrado sólo a 34. El plan de Chile digitalizará los volúmenes de expedientes de casos judiciales y otros archivos dispersos entre agencias y organizaciones de derechos humanos. También financiará la exploración de sitios donde pudieran estar enterradas las víctimas.

Durante décadas, el sistema judicial de Chile estuvo paralizado por una ley de amnistía de la era Pinochet que impedía el procesamiento por abusos cometidos entre 1973 y 1978. No fue hasta el año 2000 que el poder judicial dejó de utilizarla para desestimar casos y se designaron jueces especiales para investigar estos crímenes. Desde entonces, la Suprema Corte ha emitido unos 640 fallos, enviando a cientos a prisión.

A menudo, a las familias de las víctimas les llevó años reconocer que nunca regresarían. “La idea de su muerte va permeando lentamente”, dijo María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz y directora de colecciones e investigaciones del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, la capital.

En 1978, cuando se encontraron los restos de 15 hombres desaparecidos en un horno de cal abandonado, el General Pinochet ordenó a los militares exhumar a cientos de víctimas enterradas en secreto en todo el país y deshacerse de ellas de manera permanente. Los cadáveres fueron arrojados al mar o a los volcanes. Otros fueron incinerados.

El General Pinochet renunció a su gobierno en 1990, pero continuó al mando del Ejército de Chile hasta 1998. Murió en el 2006.

“El plan tiene que resultar en información sobre los perpetradores”, dijo la congresista Lorena Pizarro, hija de un líder comunista secuestrado en 1976. “¿Y dónde está esa información? Tenemos que afrontar el hecho de que las fuerzas armadas la tienen”. Las fuerzas armadas nunca han entregado sus archivos de la época de la dictadura, alegando que ya no existen.

En el 2006, un guardia de la DINA en el cuartel Simón Bolívar reveló la existencia del sitio negro y describió las torturas que padecían los presos allí. El cuerpo de Ortiz fue arrojado a un pozo de mina en Cuesta Barriga. Pasaron 12 años más antes de que se identificaran casi 200 fragmentos de huesos y trozos de ropa encontrados en Cuesta Barriga, incluyendo los de Ortiz. En junio, 47 años después de las desapariciones, la Suprema Corte de Chile emitió su sentencia definitiva: hasta 20 años de prisión para 37 agentes de Simón Bolívar.

“Nada repara el daño”, dijo Ortiz. “Te dan cinco trozos de hueso y se supone que ese es tu padre”.

Laurence Blair y Flávia Milhorance contribuyeron con reportes a este artículo.

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