Atrapados en matrimonios muertos en Filipinas

Por Sui-Lee Wee / The New York Times

Manila. Mary Nepomuceno se separó de su marido hace casi 15 años. Sigue en el limbo porque en su país está prohibido el divorcio. Miles de personas como Nepomuceno están atrapadas en matrimonios muertos en Filipinas, donde casi el 80 por ciento de la población es católica. Aparte del Vaticano, es el único país donde el divorcio sigue siendo ilegal. Elevados honorarios legales y montones de papeleo hacen que la anulación sea imposible para muchos.

Pero las actitudes en el País están cambiando. Las encuestas muestran que la mitad de los filipinos ahora apoya el divorcio.

Aun así, la poderosa Iglesia católica ha catalogado al activismo a favor del divorcio como una “defensa irracional”. Los legisladores conservadores se mantienen firmes en su oposición.

Esto ha llevado a algunos del lado de la legalización a enmarcar el divorcio como un derecho humano básico, como el acceso a la atención médica o la educación.

“Estamos diciendo que esto es como una medicina”, dijo Nepomuceno, de 54 años. “Solo tomas esto si estás enfermo, pero no privas a los enfermos de la medicina”.

Este enfoque se aleja de la estrategia anterior de compartir historias personales con la esperanza de ganarse la simpatía de los legisladores.

“Antes llorábamos y nos enojábamos”, dijo A.J. Alfafara, fundadora de Divorce Pilipinas Coalition, que cuenta con más de medio millón de miembros. “Solía ser una pelea, de ¿cómo conseguimos que la gente escuche?”.

Por primera vez en más de 30 años, un comité del Senado aprobó un proyecto de ley para legalizar el divorcio. El proyecto de ley ahora aguarda una segunda lectura en el Senado, que los legisladores dicen podría ocurrir el próximo año.

La Senadora Risa Hontiveros, patrocinadora del proyecto de ley, dijo que sus encuentros con activistas la habían conmovido.

“Para mí, uno de los temas más convincentes que surgieron de ellas es que ésta es una segunda oportunidad —una segunda oportunidad para la vida, una segunda oportunidad para el amor, una segunda oportunidad para la felicidad— y ¿por qué deberíamos negarle a la gente ese derecho?”, dijo.

El divorcio se volvió ilegal después de la promulgación del Código Civil del País en 1950. Pero a los ciudadanos musulmanes, que constituyen el 5 por ciento de la población de Filipinas, se les ha permitido divorciarse desde 1977.

Alfafara, una protestante, se separó de su marido en el 2012. Dijo que no había visto a su hijo en más de una década, porque él eligió a los 9 años vivir con su padre. Cuando Alfafara, de 46 años, quiso comprar una casa, le dijeron que tenía que conseguir la firma de su marido.

Mantener el divorcio ilegal significa que los maridos abusivos pueden conservar la custodia compartida de sus hijos y tienen derecho a compartir los bienes de sus esposas. Millones de mujeres también pueden permanecer en matrimonios abusivos.

Janet Guevarra, de 36 años, gastó 5 mil 200 dólares para su anulación —15 veces más de lo que ganaba mensualmente en Filipinas. Para ahorrar dinero, dejó su trabajo en administración de informática y se mudó a Singapur para trabajar como asistente en un asilo de ancianos. En el 2022, un tribunal rechazó su petición, que ella había presentado tres años antes.

El juez dictaminó que el testimonio de Guevarra de que su esposo “la agarró por el cuello, la empujó e intentó golpearla durante acaloradas discusiones no es base suficiente para probar su afirmación de abuso físico o verbal”. El juez añadió, “El matrimonio, como institución social inviolable protegida por el Estado, no puede disolverse por capricho de las partes”.

Cualquier proyecto de ley aprobado por el Senado también tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de llegar al Presidente, quien elegiría si lo convierte en ley. A diferencia de sus predecesores, el Presidente Ferdinand E. Marcos Jr., hijo del ex líder de Filipinas, ha señalado que está abierto a legalizar el divorcio.

El padre Jerome Secillano, secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, dijo el año pasado: “Es triste saber que tenemos legisladores que prefieren centrarse en romper los matrimonios y la familia en lugar de arreglarlos o fortalecer el vínculo matrimonial”.

Hace una década, cuando el Congreso filipino aprobó una legislación que daba acceso a la anticoncepción, el clero realizó protestas y amenazó con excomulgar a los legisladores por apoyar el proyecto de ley. Esta vez, dijo Edcel Lagman, un congresista que ha presionado a favor de ambos temas, los funcionarios de la iglesia han sido menos expresivos.

“Hemos demostrado que podemos vencer a la iglesia y podemos hacerlo de nuevo”, dijo.

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