Filipinos resienten las consecuencias de la guerra antidrogas

Por Sui-Lee Wee y Camille Elemia/The New York Times

MANILA — Cuando Rodrigo Duterte hizo campaña para presidente hace ocho años, prometió ordenar a la policía y al Ejército que encontraran a consumidores y traficantes de drogas para matarlos, prometiendo inmunidad para esos asesinatos. En los meses siguientes, agentes de policía y justicieros mataron a tiros sin piedad a decenas de miles de personas.

Incluso dos años después de que Duterte dejó el cargo, sólo ocho agentes de policía han sido condenados a prisión, en relación con sólo cuatro casos, con un veredicto emitido el mes pasado. Y aunque los grupos de derechos humanos dicen que ha habido menos asesinatos de este tipo desde que Duterte se fue, y muchos menos involucrando a agentes gubernamentales, una cultura de violencia e impunidad ha imperado.

En los últimos meses, el legado de la llamada guerra antidrogas de Duterte ha comenzado a recibir más atención oficial. Los legisladores están celebrando varias audiencias públicas sobre la violencia. Altos funcionarios de la policía hablaron en una audiencia en el Congreso, al igual que los familiares de las víctimas, quienes revivieron sus horrores y nuevamente pidieron justicia.

Cuando Duterte dejó el cargo, su administración dijo que las fuerzas de seguridad habían matado a 6 mil 252 personas —todas descritas como “sospechosas de drogas”. Los grupos de derechos humanos dicen que el número total de muertos es de aproximadamente 30 mil.

Es poco probable que Duterte enfrente consecuencias de las audiencias; el mes pasado se le pidió que testificara ante el panel, pero se negó a hacerlo, invocando su derecho constitucional a no autoincriminarse. Esto ha hecho que muchos recurran al Tribunal Penal Internacional, que está investigando la guerra antidrogas y se espera que esté a punto de tomar alguna medida.

Si bien Duterte ha asumido la responsabilidad de la guerra contra las drogas, ha sostenido que nunca sería juzgado en un tribunal internacional. Ha dicho que hay 3 millones de drogadictos en Filipinas y añadido: “Me encantaría masacrarlos”. Hace seis años, ordenó la retirada de Filipinas del TPI, que se negó a comentar sobre su investigación. No está claro si Filipinas obligaría a Duterte a entregarse si enfrentara una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. El tribunal no puede juzgar a acusados en ausencia.

El Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., sucesor de Duterte, pareció dar marcha atrás a su promesa de protegerlo de una investigación internacional. En diciembre, el Gobierno permitió la entrada a Filipinas de funcionarios del TPI que investigan a Duterte, dijo un funcionario enterado.

Entre los casos que se espera que siga el TPI está una denuncia contra la policía en Caloocan, al norte de Manila. Meses después de que Duterte asumió el cargo en el 2016, un grupo de policías irrumpió en el departamento de Mary Ann Domingo y sacó a la mayor parte de la familia. La última vez que vio con vida a su pareja, Luis Bonifacio, estaba arrodillado en el suelo con los brazos en alto. Su hijo Gabriel, de 19 años, se quedó adentro para suplicar por la vida de su padre. Más tarde, Domingo vio sus cuerpos en el hospital.

Desde el 2017 ha denunciado a los agentes. El 18 de junio, un juez dictaminó que los cuatro policías que participaron en el operativo eran culpables de homicidio. El tribunal tomó nota de los hallazgos de una patóloga forense, Raquel Fortún, que había examinado los restos de los Bonifacio y dijo al tribunal haber encontrado múltiples heridas de bala.

Cuando se leyó el veredicto, Domingo lloró en el hombro de uno de sus hijos. De pie junto a ella estaban los cuatro agentes, que miraban al suelo.

Marlise Simons contribuyó con reportes a este artículo.

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