Como sabemos, la función principal del Ministerio Público (MP) es la investigación y la persecución de los hechos que constituyen delitos. Y en teoría debería ser aplicado contra cualquier persona infractora por actos reñidos con la ley. Sin importar colores políticos y posiciones sociales, estatus económicos y otras condiciones personales.
En la práctica, a través de los años, el MP se ha acomodado a los intereses partidistas del gobierno de turno, quien nombra fiscales a su medida para que puedan cubrirle sus espaldas. Y cuando esta complicidad se extiende a los órganos rectores de impartir justicia en el país, toda la institucionalidad fracasa.
Recientemente, el MP presentó requerimiento fiscal en contra de varios exfuncionarios de la anterior administración nacionalista, acusados de una compra fraudulenta de ventiladores mecánicos que fueron recibidos incompletos, sin los accesorios para su adecuado uso por parte de los pacientes de covid-19. Y lo mismo aconteció con un exalcalde capitalino, hoy aspirante a la presidencia de la República, por varios delitos. Aclaremos, que si estas personas cometieron las faltas que se les imputan deben responder por sus acciones y ser juzgados conforme a la ley.
Ahora bien, ¿dónde están los requerimientos fiscales contra los involucrados en el narcovideo?, ¿y la investigación y correspondiente acusación por la compra de boletos aéreos en ferreterías?, ¿en qué quedó la investigación en contra de la exdirectora de Dinaf por pedir dinero a cambio de empleos o aumentos salariales?, ¿y el caso de las planillas fantasma del IHSS?, etc.
No menos controversial esa cadena nacional propuesta por el fiscal, cuando es sabido que solo los presidentes de los tres poderes del Estado y el Consejo Nacional Electoral pueden solicitarla. Encima una violación al artículo 1 del Código de Ética de los Servidores del MP, en materia de los deberes en el ejercicio de sus cargos, según lo menciona el capítulo I. Claro, abuso de autoridad y demagogia pura.
