La trágica muerte de los ingenieros agroindustriales Fernanda Leticia Jiménez Padilla y Rubén Edgardo Morales Mejía en Comayagua ha dejado a la sociedad hondureña en shock, y no es para menos.
Este lamentable suceso no solo expone la vulnerabilidad de los profesionales jóvenes ante la creciente delincuencia organizada, sino que también pone en evidencia la inoperancia del Estado y las fuerzas de seguridad, quienes, a pesar de su constante “compromiso” con la protección de los ciudadanos, parecen tener otras prioridades.
Según las investigaciones, las víctimas fueron engañadas con la promesa de una transacción legítima: la compra de un vehículo, una Toyota Hilux 2025. Sin embargo, al llegar al encuentro, lo que les aguardaba no era una simple negociación, sino una dosis de jugo de naranja con somníferos. Como si la violencia no fuera suficiente, los delincuentes decidieron sedar a sus víctimas antes de asesinarles, todo en una vivienda de la colonia Villa Universitaria.
Las autoridades, en su afán de dar la “impresión” de estar actuando, detuvieron a dos mujeres, Sindi Janeth Domínguez Zelaya y Jenifer Nicolle Dean Pereira, a quienes se les encontró en posesión de cuchillos manchados de sangre y el vehículo robado. Qué sorpresa, ¿no?
Este crimen no solo refleja el nivel de sofisticación que los delincuentes están alcanzando, sino también la admirable capacidad del Estado para reaccionar con la velocidad de un rayo... bueno, en realidad, algo menos que eso.
Es cierto que las autoridades lograron capturar a las sospechosas en un corto periodo, pero ¿de qué sirve una captura apresurada si no hay una estrategia real de prevención?
La rapidez con la que se resuelven los casos no debería ser lo único que nos consuele, sino también la efectividad de las medidas para evitar que este tipo de crímenes sigan ocurriendo.
La sociedad hondureña, más acostumbrada al dolor que a la justicia, debe unirse en solidaridad con las familias de las víctimas, aunque sabemos que la verdadera justicia llega tan rápido como los recursos de la policía para prevenir el crimen.
El Estado, en lugar de hacer malabares con las estadísticas de captura, debería enfocarse en implementar políticas públicas que realmente protejan a los ciudadanos y que no se limiten a reacciones mediáticas. Porque, a fin de cuentas, como bien sabemos, en este país, la seguridad no es algo que se pueda comprar con promesas vacías, sino con acciones concretas y políticas públicas que, ojalá, algún día lleguen a existir.
