El saqueo ocurrido la semana pasada en la abandonada Ciudad Mateo hace que este complejo habitacional, además de ser un gigantesco monumento a la corrupción, a la impunidad y a la desidia gubernamental, sirva ahora también para exhibir la descomposición social y la ingobernabilidad que sufrimos.
Fue construida durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, a pesar de la oposición de los ambientalistas que denunciaban el riesgo que representaba para la principal fuente de agua de los capitalinos, y todo el proceso, desde la compra del terreno, estuvo plagado de corrupción; pero, como en la inmensa mayoría de los muchos casos que ocurrieron en esta y otras administraciones, persiste la impunidad de los perpetradores.
Además, durante las dos décadas, cinco gobiernos, se han nombrado comisiones, se han hecho muchos estudios, se han anunciado acciones, se han hecho promesas; pero nada ha ocurrido en la práctica ni siquiera la decisión de qué hacer con las cinco mil casas construidas y que a estas alturas ya han sufrido un grave deterioro por el paso del tiempo.
Incluso se mantiene una disputa entre el Injupemp, cuyos afiliados son las principales víctimas de este fiasco, y una de las empresas constructoras. Fue precisamente el retiro de la vigilancia por parte de esta última que permitió el anteriormente mencionado saqueo, el mismo que exhibe que también se profundiza el deterioro moral, la descomposición social y la ingobernabilidad.
Y es que por muy criticable que sea la indecisión del gobierno en este caso, la necesidad de viviendas en la capital o la pobreza de la gente, nada justifica que una turba de unas 300 personas, muchos de ellos con vehículos, se dediquen a desmantelar las casas para llevarse las partes aprovechables. Esto solo ocurre, y encuentra a muchos que lo tratan de justificar, en un país en el que se está perdiendo a pasos acelerados el más elemental de todos los principios de convivencia social: el respeto.
Es vital que el gobierno, en lugar de agitar más el clima social, busque una solución definitiva para este y los demás problemas que aquejan al país; que la justicia actúe contra los corruptos y los demás delincuentes; pero también que los hondureños y los extranjeros que viven en nuestra patria, todos, promovamos y practiquemos el respeto hacia los demás y sus bienes, hacia las leyes, hacia la autoridad establecida.