Ha concluido la reunión celebrada en Miami entre los mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala con el canciller y ministro de Seguridad estadounidenses, en torno a generar y fortalecer las condiciones socioeconómicas en los países del Triángulo del Norte que permitan reducir la expulsión de centroamericanos que, ante el desempleo, inseguridad física y alimentaria, falta de acceso a la tierra, violencia e impunidad, deben abandonar sus lugares de origen para intentar, en Norteamérica, tener acceso a oportunidades laborales y de seguridad muy escasas en sus patrias.
La prosperidad que Washington y los organismos internacionales de crédito están financiando en nuestras naciones está sujeta a condicionalidades específicas que incluyen el combate a la corrupción en sus distintas modalidades, la lucha al crimen organizado y el narcotráfico, y la vigencia de los derechos humanos. En ese formidable desafío los gobiernos, por sí solos, no serán capaces de honrar tales requisitos.
Necesariamente deben ser incluyentes a efecto de incluir a las organizaciones de la sociedad civil, evitando caer nuevamente en el error cometido en 1998 con ocasión de la destrucción ocasionada por el paso del huracán Mitch, que dejó expuesta la alta vulnerabilidad y falta de preparación ante desastres naturales de magnitud y que obligó a miles de compatriotas hacia la diáspora, más allá de nuestras fronteras, éxodo que continúa hasta el presente.
En aquella oportunidad, el gobierno hondureño de turno inicialmente rechazó las propuestas y estrategias formuladas por la sociedad civil para encarar la reconstrucción. Fue necesario que la comunidad internacional, nucleada en el Acuerdo de Estocolmo, presionara para que se tomara en cuenta la participación activa de la sociedad civil en la enorme crisis humanitaria y ambiental.
Desafortunadamente, la reconstrucción emprendida fue limitada a la infraestructura destruida, no abarcando aspectos vitales relacionados con el desarrollo humano incluyente y la integración social, lo que refleja la escasa cultura de participación prevaleciente. En opinión del PNUD, “el mayor obstáculo para la formación de una cultura plena de participación lo sigue constituyendo la falta de objetivos comunes de desarrollo” (Informe sobre Desarrollo Humano, 1999, p. 146).
“Dentro del contexto actual electoral de Honduras resulta indispensable lograr un consenso básico sobre temas claves que permita un efectivo y transparente resultado de la asistencia financiera, nacional e internacional, prevista para el PAP, que no debe orientarse únicamente a proyectos asistencialistas y a estrategias de promoción y financiamiento de la gran empresa privada, sino que responda efectivamente a las causas que originan la tragedia migratoria...” (El Plan de la Alianza para la Prosperidad: una oportunidad para impulsar cambios de fondo que no debemos desaprovechar, p. 4).
Esta vez, ojalá, seamos capaces de trabajar al unísono, en función de país y no de grupos de interés.
