Desde su fundación en 1995, por iniciativa de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (Asonog), como soporte de la sociedad civil para el estudio de temáticas puntuales que inciden directamente en el desarrollo humano sostenible del país, a la fecha, el Fosdeh ha mantenido invariable su conducta independiente, sin vínculos con partidos e intereses políticos, cumpliendo con su misión: la transformación nacional basada en la justicia social, igualdad, solidaridad, respeto a los derechos económicos, sociales, culturales de las y los compatriotas, legitimidad democrática, y con su visión: una sociedad con equidad, libertad, justicia, informada, crítica, solidaria, con políticas públicas participativas que impacten favorablemente en las y los hondureños.
Su labor de monitoreo permanente de los estados financieros, políticas monetarias, deuda e inversión pública, por parte de un equipo altamente especializado, integrado por economistas con larga trayectoria profesional y jóvenes que progresivamente van adquiriendo experiencia práctica in situ, ha resultado en investigaciones puntuales de coyuntura y estructura en temáticas tales como pobreza y extrema pobreza, desempleo, remesas, regresividad fiscal, inequidad en la distribución de la riqueza, alianzas público-privadas, Presupuesto General de la República, con sólido respaldo estadístico, utilizando un lenguaje accesible al lector no experto.
Así, el Fosdeh es un auditor social, investigador, facilitador y socializador que ha sabido ganarse el reconocimiento nacional e internacional. El más reciente ha sido otorgado por la Universidad de Pennsylvania, posicionándolo, por octavo año consecutivo, como el principal centro de análisis y propuestas (“think tank”) de Honduras y el trigésimo segundo de Latino América.
Cuando el sector público ha solicitado su criterio, ha contribuido con dictámenes acerca de la racionalización de exenciones fiscales, Código Tributario, Ley de Protección Social, Ley de Tarjetas de Crédito, con propuestas factibles de ser implementadas de existir suficiente voluntad política estatal. Ha enfatizado la necesidad de fortalecer el derecho ciudadano de acceso a la información y participación de las organizaciones de la sociedad civil en la creación y expansión de los mecanismos de control en las políticas de inversión pública-privada, mismas que vía fideicomisos han sido altamente cuestionados por el irregular manejo de fondos, lo que ha incidido en la reducción de la inversión directa nacional y extranjera.
En alianza con el Consejo Nacional Anticorrupción, tras un exhaustivo estudio, ha revelado el saqueo de L 65 mil millones anuales por actos de corrupción, lo que equivale al 12.5% del PIB.
