Un grupo de ocho senadores demócratas del Congreso estadounidense presentaron hace menos de una semana un proyecto de ley que pide al gobierno de Joe Biden imponer sanciones duras y efectivas al 'gerente administrador' de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, por actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y por evidencia de su implicación en el tráfico de drogas.
La 'Ley sobre los Derechos Humanos y Anticorrupción', del 2021, amenaza con prohibir a 'Juan sin miedo' ingresar a Estados Unidos y también suspender la ayuda estadounidense a la Policía y a las Fuerzas Armadas de este país, que cada día se va pareciendo a una novela amorosa de Dante Alighieri.
La legislación de ese Congreso serio pone a Juan en una categoría poco común de jefes de Estado en América Latina, como en una antología de villanos y matarifes del crimen organizado.
El proyecto de ley, que no es sacado de las mangas de la camisa de ningún charlatán de la política, como sucede en este Congreso de Honduras, impulsada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Mamenaarkey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen establece que Juan debe ser investigado bajo la llamada 'Ley Kingpin' para determinar si merece recibir la designación oficial de narcotraficante: un estatus criminal reservado para los jefes de la droga como Joaquín 'el Chapo' y el mismísimo Pablo Escobar Gaviria.
Esto va más allá de una simple amonestación para el gobernante, pues el proyecto de ley pide al Gobierno de Honduras que 'inicie inmediatamente conversaciones con las Naciones Unidas para negociar el mandato de un nuevo mecanismo independiente para combatir la corrupción y la impunidad', más o menos a la anterior Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), misma que fue disuelta por Juan y su pandilla en el 2020, después de desenmarañar, junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), un patrón de corrupción, política metódica y sistemática en un carnaval de fondos del Estado con miembros del Partido Nacional en el Congreso de Pandora.
Encima de eso, 'Juan sin miedo', ha sido identificado como coconspirador número 4 (CC-4) en varios casos de tráfico de drogas presentados por los fiscales de Nueva York.
Mientras tanto, desde el bunker presidencial, el Gobierno insiste que es víctima de una caza de brujas basada en mentiras de delincuentes confesos que buscan venganza para reducir la condena audaz en esas paredes de acero de la justicia del norte, porque si fuera acá en Támara, las cosas fueran diferentes.
Pero ni la llegada de un lote regalado de vacunas causa tanto júbilo, como la introducción en el senado de Estados Unidos de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras que exige esta sanción; pero, en el salón oscuro y en la soledad de las penumbras del Congreso de la República, Juan hablaba ante las cámaras relampagueantes con una nostalgia desconsolada y con su corbata azul vociferando que miembros de 'carteles' lo acusan falsamente y retaba a los funcionarios estadounidenses que si creen en estas acusaciones va a comprometer los esfuerzos conjuntos de seguridad entre la decidida Washington y la desamparada Tegucigalpa.
Si cometen el error de recompensar a los narcotraficantes que dan falso testimonio, en lugar de aumentar sus penas, entonces, la batalla que hemos librado conjuntamente con nuestros aliados contra el narcotráfico puede volverse insostenible, porque habrá pérdida de confianza. (Hernández, 2021)
Fuera de ese hemiciclo de gradas angostas para caer de golpe, el país pide la renuncia indeclinable a su investidura, para que se someta a la justicia; pero, como si la cosa no es con él, con la mano derecha extendida decía que concluirá su mandato el 27 de enero de 2022 tras los comicios de noviembre de 2021. ¡Un dictamen firme el de Juan sin miedo!, porque este no le teme ni a la conciencia ni a la historia.
La 'Ley sobre los Derechos Humanos y Anticorrupción', del 2021, amenaza con prohibir a 'Juan sin miedo' ingresar a Estados Unidos y también suspender la ayuda estadounidense a la Policía y a las Fuerzas Armadas de este país, que cada día se va pareciendo a una novela amorosa de Dante Alighieri.
La legislación de ese Congreso serio pone a Juan en una categoría poco común de jefes de Estado en América Latina, como en una antología de villanos y matarifes del crimen organizado.
El proyecto de ley, que no es sacado de las mangas de la camisa de ningún charlatán de la política, como sucede en este Congreso de Honduras, impulsada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Mamenaarkey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen establece que Juan debe ser investigado bajo la llamada 'Ley Kingpin' para determinar si merece recibir la designación oficial de narcotraficante: un estatus criminal reservado para los jefes de la droga como Joaquín 'el Chapo' y el mismísimo Pablo Escobar Gaviria.
Esto va más allá de una simple amonestación para el gobernante, pues el proyecto de ley pide al Gobierno de Honduras que 'inicie inmediatamente conversaciones con las Naciones Unidas para negociar el mandato de un nuevo mecanismo independiente para combatir la corrupción y la impunidad', más o menos a la anterior Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), misma que fue disuelta por Juan y su pandilla en el 2020, después de desenmarañar, junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), un patrón de corrupción, política metódica y sistemática en un carnaval de fondos del Estado con miembros del Partido Nacional en el Congreso de Pandora.
Encima de eso, 'Juan sin miedo', ha sido identificado como coconspirador número 4 (CC-4) en varios casos de tráfico de drogas presentados por los fiscales de Nueva York.
Mientras tanto, desde el bunker presidencial, el Gobierno insiste que es víctima de una caza de brujas basada en mentiras de delincuentes confesos que buscan venganza para reducir la condena audaz en esas paredes de acero de la justicia del norte, porque si fuera acá en Támara, las cosas fueran diferentes.
Pero ni la llegada de un lote regalado de vacunas causa tanto júbilo, como la introducción en el senado de Estados Unidos de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras que exige esta sanción; pero, en el salón oscuro y en la soledad de las penumbras del Congreso de la República, Juan hablaba ante las cámaras relampagueantes con una nostalgia desconsolada y con su corbata azul vociferando que miembros de 'carteles' lo acusan falsamente y retaba a los funcionarios estadounidenses que si creen en estas acusaciones va a comprometer los esfuerzos conjuntos de seguridad entre la decidida Washington y la desamparada Tegucigalpa.
Si cometen el error de recompensar a los narcotraficantes que dan falso testimonio, en lugar de aumentar sus penas, entonces, la batalla que hemos librado conjuntamente con nuestros aliados contra el narcotráfico puede volverse insostenible, porque habrá pérdida de confianza. (Hernández, 2021)
Fuera de ese hemiciclo de gradas angostas para caer de golpe, el país pide la renuncia indeclinable a su investidura, para que se someta a la justicia; pero, como si la cosa no es con él, con la mano derecha extendida decía que concluirá su mandato el 27 de enero de 2022 tras los comicios de noviembre de 2021. ¡Un dictamen firme el de Juan sin miedo!, porque este no le teme ni a la conciencia ni a la historia.
