Con la irrupción de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se ha puesto en discusión el tema de la autonomía. Siempre que ocurren hechos que tienen que ver con el ingreso de los cuerpos policiales a las instalaciones de la institución universitaria, el tema se vuelve polémico, la discusión gira alrededor de los alcances de la misma en la situación de inviolabilidad del espacio físico. Las opiniones se dividen entre aquellos que ven en la autonomía una especie de soberanía y extraterritorialidad —los predios de la universidad son sagrados, dicen los defensores de esta postura—, en cambio, los que creen que la autonomía tiene límites, sostienen, como en efecto así lo establece la Ley Orgánica, que esta se refiere a las formas de gobierno universitario, administración de sus recursos, régimen académico y, en general, a las formas de funcionamiento interno y en sus relaciones con el Estado. Cuando la ley está clara, no necesita de más interpretaciones que lo que se desprende de su propia definición.
En el debate sobre la autonomía, lo que queda claro es que a veces se le interpreta atendiendo más a la parte filosófica e histórica y no a los principios jurídicos contenidos en las disposiciones de carácter legal. En Centroamérica, el único país que tiene en su legislación el principio de la autonomía territorial es Panamá, donde la norma establece que su territorio es inviolable. Lo que ocurrió en la institución universitaria el día lunes 24 de junio del corriente fue una acción policial inaceptable desde el punto de vista humanitario, al hacer uso de la fuerza de forma desproporcionada, utilizando armas letales en un espacio público, lo que provocó heridas a cuatro estudiantes y poniendo en grave riesgo la vida de centenares de jóvenes que en ese momento transitaban por sus instalaciones. El debate que debería estar en la agenda de las autoridades y organismos de derechos humanos es la protesta por los daños ocasionados. Es raro que cuando la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo declarando inconstitucional el reglamento estudiantil aprobado por el Consejo Universitario, instrumento que se había aplicado en el caso de sanciones por los mismos actos que hoy se observan en el campus universitario, los autonomistas de hoy se llamaron al silencio. Es muy probable que, de no haberse derogado ese reglamento, los hechos que hoy se observan no se estarían dando.
La autonomía tiene un límite y es que la misma se ejerce rindiendo cuentas a la comunidad universitaria y a toda la sociedad, los distintos segmentos que componen la misma deberían actuar en sujeción al interés general de toda la comunidad y siguiendo los pasos de la normativa existente. Los defensores de la autonomía deberían estar claros que esta se defiende mejor cuando se atiende el cumplimiento de sus funciones. Es poco comprensible que pueda defenderse la academia cerrando sus espacios físicos y la posibilidad de desarrollar los programas de estudio. Lo anterior también viola los derechos humanos, los derechos de una mayoría silenciosa.
