Ha concluido un nuevo proceso de elecciones primarias e internas de los partidos mayoritarios que siguen concentrando cerca del 99% del electorado visible. Fuera del tripartidismo, prácticamente han desaparecido otras opciones partidarias.
Incluso, en la última elección presidencial, los votos blancos superaron la suma de todos los sufragios de los partidos y formaciones pequeñas en su conjunto (80,000 vs. 65,000).
Según sondeos, al menos un 50% de la población en edad de votar declara no tener una preferencia partidaria específica, aunque, una parte de esa población eventualmente se motiva a sufragar de acuerdo a las circunstancias del país, pero continúa siendo un voto “flotante” que es clave para decidir en un escenario de competencia cerrada.
De hecho, y aunque el actual oficialismo se resiste todavía a aceptarlo, la elección de la presidenta Castro solo fue posible gracias a casi un millón de votantes independientes o votos prestados de otros partidos.
Asimismo, la participación histórica promedio en los comicios generales ha sido del 67% siendo la más baja en 2009 (50.1%). En las elecciones de noviembre de 2021 se alcanzó una muy buena participación con un poco más del 68% de los censados o habilitados para votar.
No obstante, todavía está lejos de recuperarse los niveles de participación de las dos primeras elecciones en los años ochenta con el retorno a los gobiernos surgidos en democracia formal (78.5% y 84% en 1981 y 1985, respectivamente).
Las primarias de marzo de 2025 están condenadas a quedar marcadas en la historia por la anarquía e incertidumbre generadas con el extravío deliberado de cientos de maletas electorales, principalmente en las dos ciudades con mayor carga electoral y demográfica del país.
¿Responsables? La precaria institucionalidad encargada de administrar el proceso comicial y los entes militares que la Constitución señala nada menos que como garantes del libre sufragio y de la custodia, seguridad y vigilancia del material electoral.
Responsabilidad colegiada del CNE (conformado por acuerdo tripartidista), las Fuerzas Armadas y sus superiores, que en otros lares implicaría destitución inmediata y procesamiento judicial.
Aun dentro del limbo e impunidad, la opinión pública es generalizada respecto a que la mayor cuota de responsabilidad le corresponde a actores ligados al actual régimen que simultáneamente forman parte de candidaturas oficialistas.
Despilfarro y descarado uso de recursos públicos en campaña política, ventajismo y vergonzosos conflictos de interés, característicos del tradicionalismo político, ahora en escenario tripartidista.
Las primarias de 2025 también dejaron claro que uno de los partidos tradicionales que se consideraba en peligro de “extinción” ha recobrado fuerza, precisamente con la incorporación de exaliados o miembros con los que Libre logró triunfar en 2021.
El partido en el gobierno no tuvo la habilidad ni el compromiso político para mantener las alianzas programáticas en el Congreso Nacional; impuso un presidente y directiva de facto, con lo cual perdió autoridad moral al cometer el mismo tipo de abusos que antes criticaba desde la oposición.
Similar patrón de comportamiento tuvo en la mayor parte de manejo de los recursos y decisiones de Estado.
Concentrado el poder en un reducido grupo, se abandonó el proyecto político que le dio origen al partido, se incumplió la mayoría del plan de gobierno y se marginó a todo aquel que cuestionó lo incorrecto.
Restan pocos meses para los comicios generales, escenario propicio para que el electorado desempeñe un papel transformador.
