Nuevamente la comunidad garífuna es golpeada por la violencia selectiva que busca silenciar a quienes defienden el patrimonio comunal, heredado de
sus ancestros.
“La tierra es el elemento central y esencial de la idiosincracia de los garífunas”, afirma Donaldo Ochoa Moreno en “Estudio diagnóstico sobre la situación de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y garífuna” (2003, p. 157). El editorial de EL HERALDO del 25 julio reciente pasado pregunta qué suerte han corrido los jóvenes raptados por personas uniformadas.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), declara que el trasfondo del rapto es la lucha comunitaria contra empresas extractivas y el crimen organizado activo en sus territorios. Recuerda que durante el 2019 unos 16 garífunas fueron asesinados, muertes vinculadas a la defensa de sus tierras.
En estos cuatro meses de 2020 más de cinco hechos violentos han afectado a los garífunas, entre ellos el dirigente de Río Tinto, Tela, Edwin Fernández, Antonio Bernárdez, de Punta Piedra, Iriona, en junio. Entre los ejecutados en 2019 recordemos a Mirna Teresa Suazo (Masca, Omoa), Abad Miguel Güity (La Ceiba), María Digna Montero (Cozuna, Iriona), Óscar Francisco Guerrero (Triunfo de la Cruz, Tela), crímenes impunes hasta ahora.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 2015, encontró culpable al Estado hondureño de violar los derechos humanos de los garífunas y sus comunidades, al entregar sus territorios a empresarios para su explotación. Aún no cumple con lo ordenado.
Las comunidades garífunas enfrentan conflictos similares: pérdida gradual, sistemática de sus tierras, ambicionadas por particulares, campesinos ladinos, empresas, para expandir áreas cultivadas con palma africana, incluso, en la zona de amortiguamiento y para desarrollar proyectos turísticos particulares, repercutiendo en las actividades agrícolas de subsistencia y en la pesca.
Algunos alcaldes garífunas se han prestado en el pasado a vender tierras comunales a particulares, nacionales y extranjeros, incluyendo playas; en ocasiones se apoderan de mayor cantidad de tierras que las compradas.
La Municipalidad de Tela ha ido ampliando su casco urbano hacia Triunfo de la Cruz, pese a las protestas comunitarias. A tal punto se han reducido las áreas de cultivo que algunas familias garífunas ya no pueden cultivar yuca, su sustento cotidiano, teniendo ahora que comprarla.
Triunfo de la Cruz requiere de mayor protección jurídica sobre sus tierras ancestrales al no poseer escrituras en dominio pleno, salvo el otorgado por el INA en 1993 sobre 380 hectáreas, pero solamente cubre el área que corresponde al radio de la aldea, excluye las dedicadas a
sus cultivos.
