El Congreso Nacional de Honduras se ha convertido en un escenario donde la inoperancia, la falta de transparencia y el manejo arbitrario-político de recursos son las normas, afectando directamente la gobernabilidad y el futuro del país.
Un claro ejemplo de esta disfuncionalidad fue el papel de su presidente Luis Redondo en torno a la renuncia de Salvador Nasralla -su otrora líder y jefe- como designado presidencial. Un trámite, que en circunstancias normales debería haberse resuelto con prontitud, se extendió durante semanas debido a la intromisión indebida del presidente del Congreso, quien se arrogó una facultad que claramente corresponde al Pleno del Congreso Nacional. Este hecho no solo puso en evidencia la falta de respeto por los procedimientos establecidos, sino también un uso abusivo del poder siguiendo agendas oscuras y desconocidas para la población.
La situación se complica aún más con la manera en que se gestionan los recursos dentro del Congreso. Los famosos bonos que la presidencia del Congreso otorga a ciertos diputados, supuestamente para ayudas departamentales, son un palpable ejemplo de cómo se manejan los fondos públicos sin ningún tipo de control ni auditoría. Estos recursos, destinados en teoría a beneficiar a las comunidades, terminan siendo herramientas de poder para aquellos que tienen la suerte de estar en buenos términos con la cúpula legislativa.
Aún más preocupante es el retraso deliberado en la aprobación de fondos vitales para instituciones clave, como el Consejo Nacional Electoral. Estos atrasos, que algunos analistas han visto como una táctica para manipular los procesos electorales, ponen en riesgo la legitimidad de las próximas elecciones, un pilar fundamental para cualquier democracia. El manejo arbitrario y caprichoso de estos recursos no solo erosiona la confianza pública, sino que también coloca a la nación en una senda peligrosa hacia la inestabilidad.
Además, Luis Redondo ha adoptado una postura autoritaria, incluso tiránica, frente a las críticas. Un claro ejemplo fue su confrontación con Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Castellanos, una de las voces más fuertes en contra de la corrupción en el país, ha sido blanco de ataques por parte de Redondo, quien ha tratado de desacreditar su trabajo y minimizar la importancia del CNA cuando antes era su fiel aliado. Hoy, en las propias palabras de Castellanos, “cuando el negocio de la política es redondo, la legalidad no cuadra”.
Por último, la legitimidad de la directiva de Redondo también ha sido puesta en duda. Electo en 2022, su elección fue cuestionada desde su origen en una votación donde participaron principalmente diputados suplentes. Aunque la ley permite su votación, el hecho de que la elección se haya llevado a cabo sin cumplir con los requisitos de participación de 65 diputados propietarios todavía plantea serias dudas sobre la legalidad de su mandato. Esta situación refleja no solo una violación de los procedimientos legislativos, sino también un alarmante desinterés por la democracia y el Estado de derecho.
En fin, este Congreso no solamente ha sido inoperante y arbitrario, sino que ha mostrado un enorme desprecio por la transparencia, la legalidad y el bienestar de la nación.
