El derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a vivir una vida libre de violencia es un principio fundamental de los derechos humanos, que en Honduras solo existe en papel porque el Estado lo incumple descaradamente debido a su incapacidad de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación a los derechos humanos en este contexto, donde el reino de la impunidad se erige desde los órganos estatales, como un museo de leyes y decretos exhibidos como objetos de antigüedad.
Las estadísticas recolectadas -como pruebas periciales de un crimen- desde el Observatorio de Seguridad indican que un 15% de las féminas que son víctimas de feminicidios fueron reportadas como desaparecidas por sus familias. Para el Foro de Mujeres por la Vida, estos datos representan un grito de alerta, mientras el Estado vive preocupado por arroparse de impunidad, con amnistías sacadas de la manga de un grupo de magistrados al servicio del poder.
La violencia de género arraigada en una sociedad exacerba el terror descarnado, que suele estar involucrado en la desaparición de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Sin embargo, también pueden ser víctimas de desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales.
En esto, no hay más culpable que el Estado y la debilidad de sus instituciones, quienes cargan con la responsabilidad de las desapariciones forzadas de mujeres en estas democracias falaces.
Con el silencio de la justicia y la inoperancia de las autoridades, la falta de investigaciones efectivas y de sanciones para los responsables de las desapariciones fomenta la repetición de estos crímenes y se vuelven cómplices de culpas que manchan la poca democracia que nos queda, cayendo en manos de solapados, creando la tormenta perfecta para la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos.
Y mientras las desapariciones causan un dolor inmenso a las familias de las víctimas, quienes a menudo pasan años buscando respuestas y justicia, la primera mujer presidenta en la historia de Honduras lanza arengas de un socialismo de fantasías y utopías.
Presidenta Castro, es el momento de actuar, más allá de los reflectores ideológicos. Con su omisión como práctica, genera un clima de miedo e inseguridad que debilita el tejido social y erosiona la confianza en su administración, que cada día se parece a la anterior; perpetuando la violencia y la injusticia desde las cúpulas del poder omnímodo.
Ordene de inmediato -así con la rapidez con que denunció el tratado de extradición- proteger a los defensores de derechos humanos, garantizando la seguridad de quienes trabajan para prevenir y documentar estos brutales delitos.
Ordene a la Cancillería
-con el carácter de siempre- que fortalezca la cooperación internacional para combatir las redes criminales transnacionales involucradas en la trata de personas y otras formas de explotación, especialmente contra las niñas y mujeres.
Ordene -con el bastón de mando- a todo el aparato de seguridad, para que los elementos del ejército y la Policía participen de forma urgente, regulada, fiscalizada y subordinada frente a estos criminales.
Ordene su casa, ordene el país.
