Para alguien con rectitud moral, asumir el cargo de fiscal general en un contexto tan complejo como el de Honduras no ha de ser tarea sencilla, especialmente cuando enfrenta un trascendental dilema: cumplir con las expectativas de la población que exige justicia transparente e imparcial, o responder a los intereses de quienes lo designaron para el puesto. En esta dualidad, la imparcialidad y el compromiso con el Estado de derecho se ven permanentemente bajo sospecha.
Para Johel Antonio Zelaya, la carga de la transparencia debe ser pesada. Se le pide una justicia igual para todos, un ideal que sufre bajo la presión de su propia realidad política.
Existen señalamientos conocidos de conflictos de interés desde su nombramiento debido a sus relaciones laborales y afiliaciones políticas. Las denuncias de falsificación ideológica y perjurio en su contra dejaron en el aire la sensación de que fue seleccionado por lealtad política más que por idoneidad.
Hoy, su actuación en la Fiscalía refleja esa tendencia: la justicia parece haberse vuelto un instrumento de poder, aplicándose a los adversarios políticos y pasando por alto las denuncias y evidencias claras cuando involucran a figuras del gobierno. Este enfoque selectivo, donde las pruebas en video o los testimonios contundentes parecen ser ignorados, enciende alarmas sobre la verdadera independencia del Ministerio Público. Si la Fiscalía es realmente un ente imparcial, ¿por qué no actúa de oficio en casos donde la evidencia está a la vista de todos?
El grave problema de una fiscalía politizada es precisamente esa persecución selectiva. Al poner el peso de la justicia en contra de los opositores, sobre todo en vísperas de las próximas elecciones mientras protege a sus aliados, no solo hace que la institución pierda credibilidad, sino que, para el pueblo hondureño el mensaje es claro: no se trata de justicia, sino de poder. El sistema judicial debe actuar como un equilibrio de fuerzas, no como una herramienta al servicio de una agenda política -tal y como lo estamos presenciando-.
Además, la justicia no se hace en ruedas de prensa. Un fiscal general que expone evidencias frente a las cámaras, en lugar de presentarlas en los tribunales, no busca la verdad, sino manipular la opinión pública. Las pruebas deben ser valoradas por jueces, no utilizadas como espectáculo mediático. Al actuar así, la Fiscalía se convierte en un arma de propaganda, perdiendo su credibilidad y el respeto de la ciudadanía. Esto es una grave falta de ética -penalizada cuando se revelan secretos-, que distorsiona el propósito de la justicia y socava la confianza en el sistema judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia que se precie.
Sin embargo, Zelaya todavía tiene ante sí una oportunidad única. Puede elegir entre convertirse en el ejemplo de la justicia que Honduras necesita o ser recordado como el emblema de una Fiscalía envilecida que estuvo sujeta a los intereses de un cacique. O enfrenta a su líder o enfrenta al pueblo, ese es el dilema.
